Cierra sin “tacha de legalidad” la investigación del Cunqueiro

La comisión de investigación de los contratos de la Xunta se cerró ayer, menos de cuatro meses después de su constitución a comienzos de octubre, con la aprobación del dictamen elaborado en solitario por el PP en el pleno del Parlamento gallego.

El documento concluye que no hubo "ni una sola tacha de legalidad" ni en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, ni en los contratos menores ni en pandemia emprendidos por el Gobierno autonómico. Estas conclusiones han contado con el no de toda la oposicion: BNG, PSdeG y el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana.

Los populares hicieron valer su mayoría absoluta para aprobar su dictamen y su propio voto particular, tras tumbar en la votación los dos presentados por nacionalistas y socialistas.

El diputado del BNG Iago Tabarés tachó lo vivido en la comisión de "episodio de corrupción y degradación democrática" en el Parlamento gallego. El nacionalista recordó que el Reglamento de la Cámara permite a un grupo de 25 diputados (justo los que tiene el Bloque) crear un órgano de investigación, pero se ha quejado de que el PP lo controlase de facto al aprobar en solitario tanto sus normas de funcionamiento como su plan de trabajo. De hecho, el Bloque acudió al Tribunal Constitucional por entender que esto suponía una vulneración de los derechos de sus diputados. 

La diputada del PSdeG Elena Espinosa censuró que el PP "nunca persiguió la verdad" con esta comisión y así lo demuestra al bloquear "comparecencias clave" como la de Feijóo y aprobar un plan de trabajo "tarde, mal y a rastras. La socialista cuestionó que todo se hubiese hecho "bien y perfecto" con el hospital vigués, porque la propia exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera "reconoció en su comparecencia" que las polémicas por la apertura le costaron el puesto. Asimismo, acusó al PP de dar un "volantazo" al proyecto del expresidente Touriño cuando llegó Feijóo en 2009, al pasar de impulsar el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) a hacerlo por un modelo público-privado "que nunca más se volvió a emplear". "Los vigueses y viguesas son los únicos que no tienen un hospital público y ahora saben que costó 470 millones de euros más, que es más pequeño de lo previsto y que no cumple ni con el plan funcional ni con los objetivos previstos". El PSdeG propone la creación de una nueva comisión de investigación, con un funcionamiento por mayorías cualificadas, y que el propio Parlamento remita a la justicia la documentación recabada hasta el momento.

El diputado del PP Roberto Rodríguez volvió a calificar a la oposición como "caballería de la infamia" que fue "derrotada" por "la verdad". Y es que, a su modo de ver, a nacionalistas y socialistas "son prófugos de la verdad" y "fracasaron" en conseguir sus objetivos. Recordó también que a los funcionarios y cargos de la Xunta que intervinieron en los contratos examinados "no se les imputó ningún delito ni se les puso ni un solo reparo de legalidad" en las auditorías realizadas.