El Centro de Inserción Social de Vigo superó el centenar de internos

Tras el descenso de un 40% de población reclusa en el centro Penitenciario de A Lama hasta 2022, en los últimos cuatro años se ha experimentado una tendencia al alza, que también afecta a los internos en régimen de semilibertad en el Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo.

Según destaca la memoria de la Fiscalía General del Estado publicada esta misma semana, el año pasado se cerró con un total de 1.150 internos en A Lama, de los que 116 eran preventivos y el 1.034 penados.

El centro penitenciario llegó a estar al doble de su capacidad hace veinte años hasta llegar a menos del millar de internos.

El mismo informe señala que en cuanto a la población reclusa en tercer grado, un total de 106 se encontraba al iniciar 2026 residiendo en el CIS de Vigo, lo que significa un 5,6% más que hace tres años. Las instalaciones tienen capacidad para albergar hasta 137 personas, por lo que se encontrarían al 77% de su capacidad en cuanto a internos, ya que la cifra de presos en la recta final de su condena y que dependen de este centro es mucho mayor y casi la mitad reside en su casa bajo control telemático, otra de las formas que contempla la ley para esta semilibertad. Además, existen las comunidades terapéuticas para internos con problemas de adicciones. Sin embargo, la mayor cifra que gestiona el centro vigués tiene que ver con los condenados a penas que no llevan aparejada la prisión sino trabajos comunitarios y que superan el millar anualmente.

La Fiscalía, atendiendo al informe de la Fiscalía provincial, incide en el incremento de expedientes de clasificación, es decir de procedimientos para asignar los grados a los internos, un total de 492, así como de medidas coercitivas (657). En cuanto a la tamitación de expedientes, hubo un notable descenso respecto al año anterior, con 5.155.

En materia de tercer grado, la que afecta directamente a las instalaciones de la avenida de Madrid, durante 2025 hubo 126 clasificaciones iniciales y 106 progresiones. Además, la Fiscalía recurrió 15 resoluciones de tercer grado y se incoaron 42 expedientes de libertad condicional, mientras que en Fiscalía se tramitaron un total de 60.