Casi la mitad de presos de Vigo en tercer grado vive en casa con control telemático

Considerado un módulo más de la cárcel de A Lama, el 18, el Centro de Inserción Social “Carmen Avendaño” de Vigo se ocupa actualmente de 155 internos en régimen de semilibertad (tercer grado) además de ejecutar las penas y medidas alternativas a la prisión. En sus instalaciones de la avenida de Madrid residen en estos momentos 88 penados, (83 mujeres y cinco hombres), a los que la junta de tratamiento considera preparados para pasar el final de su condena pudiendo salir de forma parcial al exterior. Otros 67, el 43%, reside en su domicilio mediante control telemático, otra de las formas de cumplimiento previstas en el tercer grado.

Según explica la directora de A Lama, Teresa Delgado, “algunos internos duermen en el CIS y pueden salir al exterior para trabajar o recibir formación académica, mientras que los fines de semana los pasan en sus domicilios, exceptuando algún caso en el que no tengan familia o un lugar donde quedarse. Otros, residen directamente en sus casas, pero tienen un horario de salida controlado de forma telemática".

La tercera vía de cumplimiento es en comunidades terapéuticas cerradas extrapenitenciarias de asociaciones como Proyecto Hombre o Alborada para internos con determinadas adicciones.

El trabajo del CIS está centrado en la reinserción, de ahí que el personal de este centro, dependiente de A Lama, lleve a cabo un seguimiento individualizado de los internos además de la puesta en marcha de distintos programas y talleres. “Trabajamos cada caso, su evolución y su situación personal”, explica una de las miembros del equipo técnico. De hecho, la inserción laboral es “el pilar básico” para que estas personas puedan reincorporarse a la vida en libertad. Este año, a través de un itinerario con Érguete, 27 han conseguido trabajo, 22 hombres y cinco mujeres.

Mientras en tercer grado, la ocupación del centro se sitúa en un 65,6%, el incremento se ha notado mucho en el número de penados a condenas que no llevan aparejadas la prisión y de cuyo seguimiento también se encarga el CIS. Se trata del servicio de gestión de medidas y penas alternativas. Solo en lo que va de año, se han ejecutado 1.363 condenas que se reparten entre trabajos en beneficio de la comunidad y programas de tratamiento. La mayoría de estos penados son hombres, 1.175 frente a 188 mujeres.

Para los trabajos comunitarios se cuenta con la colaboración de entidades e instituciones públicas, una colaboración que, según la directora de A Lama, “es fantástica". “El número de penas alternativas a la prisión ha experimentado un importante incremento y, por tanto, también su gestión. Estamos derivando a un buen número de entidades personas para el cumplimiento de trabajos comunitarios”, añade.

En cuanto a los programas de tratamiento obligatorios que imponen los jueces como condición a la suspensión de la prisión, van destinados a condenados por violencia de género, agresores sexuales, intervención en educación y competencias sociales y seguridad vial. Precisamente son los delitos de tráfico los que copan la mayoría de estas condenas.

“Ponemos todas las herramientas para que se puedan reinsertar"

“El CIS no deja de ser un centro penitenciario peculiar, donde la confianza prima. Aun así evidentemente hay controles, entrevistas, justificantes y si en algún momento algo no funciona se valora el retorno al régimen cerrado, algo que no es muy frecuente”, explica Teresa Delgado, quien incide en que “las personas que están privadas de libertad van a volver en algún momento a la calle por eso tienen que salir en las mejores condiciones posibles. Nuestro objetivo es la reinserción y para ello ponemos todas las herramientas”.

Una de esas nuevas herramientas es el proyecto piloto para el control de maltratadores por realidad virtual. “Todavía es pronto para saber sus resultados, es un elemento más del programa de control de violencia de género”, afirma.