Casi 500 demandas en un año por impago de minutas en Vigo

La subida de precios que influyó directamente en el récord de litigios en Vigo durante 2023 también ha pasado factura a abogados y procuradores. La estadística judicial correspondiente al año pasado constata un incremento notable de demandas por impago de minutas a estos profesionales. La cifra, en Primera Instancia, donde más subieron los pleitos, se duplicó superando las 400 reclamaciones, en concreto, 432 a través de la conocida jura de cuentas, frente a las 215 de un año antes.

Si se añaden las demandas interpuestas en otras jurisdicciones, donde la cifra fue algo menor, el global roza las 480.

Los profesionales se ven obligados a remitir una reclamación al mismo juzgado donde se ha llevado a cabo el procedimiento para poder cobrar sus honorarios después de haber intentado llegar a un acuerdo amistoso, sin éxito, con el cliente.

Esta situación es solo una piedra más en el zapato de los profesionales jurídicos que se encuentran en pie de guerra para reivindicar una dignificación de su trabajo.

Junto a las movilizaciones y la huelga indefinida de los abogados y procuradores del turno de oficio, a los que una providencia del Constitucional les ha puesto complicado mantener su lucha en los juzgados, se suma la de los mutualistas. La plataforma de abogados mutualistas de Vigo también se moviliza para reivindicar unas pensiones dignas.

Ambas batallas, conectadas entre sí, tendrán el próximo 3 de febrero en Madrid un objetivo común con una gran manifestación en la que los letrados vigueses se sumarán al del resto de España para hacerse oír tanto en lo que se refiere a la Justicia Gratuita como a la Mutualidad, a la que pertenecen la mayoría de abogados y cuyo sistema de previsión social es especialmente precario. Tanto es así, que hay profesionales que después de años de trabajo se han quedado con pensiones que no llegan ni a los 600 euros.

Los letrados quieren un nuevo sistema de cotización para evitar estas situaciones futuras, pero mientras tienen que capear con lo que les viene encima cuando hay situaciones complicadas económicas que no solo incrementan los pleitos, sino que dejan deudas impagadas por el trabajo realizado. En muchos casos, también por que el condenado en costas desoye esta obligación, lo que implica iniciar una ejecución para poder cobrar por la labor profesional.