El Casco Vello estrena este mes el Registro Civil y la sala de bodas

El próximo día 26 se procederá al traslado del Registro Civil desde el antiguo juzgado de la calle Lalín al Casco Vello Alto, donde también se comenzarán a oficiar bodas en una sala específica, que está pendiente de contar con suministro eléctrico. Todo ello supondrá el cierre final de los juzgados de As Travesas más de dos años después de la apertura de la Cidade da Xustiza. En torno al próximo 28, el barrio histórico estrenará un servicio que hasta ahora ha tenido tres ubicaciones: la calle Príncipe, cuando estaban allí los juzgados, en lo que hoy es el Marco: la calle Lalín desde los años ochenta, y a partir de ahora con entrada por Abeleira Menéndez para las bodas y por la Rúa San Sebastián para acceder a los servicios del registro. Así lo señaló el conselleiro de Presidencia y Xustiza, Diego Calvo, en la visita a las que serán desde finales de este mes las nuevas, y en la que estuvo acompañado por el director general de Xustiza, José Tronchoni, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Según informó Diego Calvo, la Xunta invirtió casi 240.000 euros en la transformación y reorganización de los espacios del Registro Civil en la calle San Sebastián y en la habilitación del local de la sala de bodas, un pequeño espacio con entrada y salida por la misma puerta. Concretamente, en el Registro Civil se redistribuyeron espacios de las plantas baja y primera, y se renovaron los sistemas de climatización, ventilación e iluminación. A mayores, en el sótano se habilitaron dependencias para despachos y se instaló mobiliario para 17 puestos de funcionarios, además de colocar estantes rodantes para documentación. En los antiguos juzgados de la calle Lalín, cuya titularidad está ahora en disputa judicial, quedarán por el momento archivos exclusivamente. “Quedaron muy bien, muy luminosos todos los espacios tras la reforma”, concluyó el conselleiro.

La Xunta, hasta el final por el edificio de la calle Lalín

La Xunta emprenderá las acciones para la defensa de la propiedad del inmueble de los antiguos juzgados en la calle Lalín con el objetivo de ponerlo a la disposición del vecindario vigués, indicó Diego Calvo a preguntas de los medios. El edificio fue transferido por el Estado al Gobierno gallego en propiedad y, junto con la parcela, consta como tal en el inventario de la Comunidad Autónoma. El Concello, en cambio, mantiene que la parcela es de su titularidad y lo quiere para “usos ciudadanos de Coia y Navia” y ayer emitió otro comunicado en este sentido, lo que ha desembocado en un pleito que tardará años en resolverse. La Xunta por su parte, lamenta los obstáculos del Concello a la conversión en un centro de asociacionismo, suspendiendo la licencia de obras concedida meses antes. “Esta situación nos obligó a resolver el contrato, dado que las obras tenían comprometidos fondos europeos y propios que no podían permanecer inmovilizados”, apuntó Calvo. Las actuaciones previstas suponían una inversión de 20 millones de euros para un centenar de asociaciones, por lo que, “los vecinos de Vigo son los realmente afectados por el bloqueo de esta iniciativa”. El Concello inició un proceso para cambiar la titularidad de la parcela en el Catastro, pero este resolvió no alterar la inscripción a favor de la Xunta.

Xustiza pide al Gobierno 15 unidades judiciales

A preguntas de los medios, Diego Calvo se mostró partidario de ampliar el número de juzgados de Vigo, que se encuentran con un tope de trabajo que amenaza con otro colapso. No obstante, recordó que el año pasado ya pidieron al Gobierno, que tiene la competencia en la materia, un total de 15 unidades judiciales para Galicia, sin conseguir respuesta. Calvo indicó que el Ejecutivo aludió a la imposibilidad de atender dicha demanda por carecer de Presupuestos del Estado, lo que se ha repetido en la actual anualidad. “Eso no es cierto del todo, se han aprobado otros gastos sin presupuestos”, señaló el conselleiro de Xustiza, que prometió que de nuevo se planteará al Gobierno dotar a Galicia con esas 15 unidades, entre ellas la que demandan los jueces locales. La Xunta, según precisó, se pone de acuerdo con el Tribunal de Galicia, que fija las necesidades de juzgados y también de magistrados. “Una vez que el Gobierno dé vía libre, la Xunta se compromete a poner los medios necesarios”, zanjó.