Cangas trata de evitar el derribo de un edificio de 69 familias

La alcaldesa, Clara Millán González, del BNG, ordenó a su departamento de Urbanismo que le presente mañana viernes posibles alternativas para evitar el derribo, dado que el alto tribunal ordena que la demolición esté ejecutada antes del venidero dia uno de junio, 'bien por orden del alcalde, bien directamente por los propietarios', que están desesperados y no saben ya que hacer para salvar sus viviendas, en tanto que la regidora se encuentra con la amenaza de una multa coercitiva de 900 euros de no ejecutar la sentencia.

En realidad los dos edificios de la Calle Noria, números 2 y 4, que fueron construidos sobre el Río Bouzós, están amenazados de demolición, dado que del 4 tendrían que ser demolidas dos plantas, si una nueva decisión judicial no lo evita. En ambos casos es una persona propietaria de un terreno lindante la que pide la demolición, por considerar que sus intereses se vieron perjudicados por esos dos inmuebles.

Son edificios construídos siendo alcalde el socialista Lois Pena Viéitez, cuando el Concello no tenía aún normas urbanísticas. Siendo alcalde José Enrique Sotelo Villar, del PP, hubo un intento de legalizar los inmuebles, de hecho en el recurso se argumenta que se podría lograr a través del futuro Plan Xeral.

En los fundamentos de derecho el TSXG razona que 'no se puede reabrir el debate sobre la legalidad o no de de una edificación con fundamento en normas o resoluciones pretéritas que se encontraban vigentes, o se habían dictado cuando se dictó la sentencia de instancia, pues ello supondía no solo revisar unos pronunciamientos que ya han ganador firmeza, sino también decidir en este incidente cuestiones que no se hubieran sometido a debate'.

No obstante, aclara que 'no basta con declarar que la demolición del edificio ilegal dañará a otros elementos ajenos o edificios por colindantes para conseguir un auto que declare la inejecución por imposibilidad material, sino que debe aportar quien pretende conseguir ese efecto favorable al menos un principio de prueba que lo avale, en este caso un proyecto técnico ajustado a la legalidad con una solicitud de legalización dirigida al ente local, para que lo examine y se pronuncie, tras lo cual resolvera la sala juzgadora'.

La alcaldesa abordó ayer el problema con el abogado Antonio Cascante, que representa a las familias que viven en el número 2, y la jefa del Departamento Municipal de Urbanismo, acordando estudiar todas las salidas posibles para 'evitar que unhas persoas que levan 20 anos vivindo nuns pisos dun edificio que mercaron e rexistraron, polos que pagaron unha hipoteca, poidan perder a su vivenda. Hai que buscar unha saída si ou si', recalcó Millán.