En busca y captura la educadora social condenada en Vigo por abusos a una menor

La sección quinta de la Audiencia de Vigo ha dictado una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión de la educadora social que fue condenada a once años de cárcel por abusos sexuales continuados a una menor del centro tutelado en el que trabajaba, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza.

Tras la firmeza de la sentencia en marzo pasado después de que el Supremo denegara su apelación a un fallo ratificado también por el Tribunal Superior de Xustiza, seguía en libertad con obligación de comparecencias después de haber recurrido el decreto de medidas ejecutivas dictado en abril por el que la Audiencia la requería para el ingreso voluntario en prisión y haber presentado un incidente de nulidad ante el Supremo.

Sin embargo, una vez resuelto dicho recurso y tras una última personación en mayo en los juzgados, la Audiencia dictó la orden para su localización, arresto y traslado a la cárcel.

El riesgo de fuga había sido una de las razones que llevó a una de las partes personadas a solicitar el ingreso en prisión después de la firmeza de la sentencia, algo que no se llevó a efecto después de que la condenada hiciera todo lo posible para intentar evitar la prisión, alegando que fue víctima de una denuncia falsa, algo contrario a lo que sostienen las resoluciones judiciales, tanto en primera instancia como en los siguientes recursos de apelación. La condenada tenía también medidas cautelares de personación periódica en los juzgados por otra causa pendiente, algo que habría estado cumpliendo hasta finales de mayo.

Los hechos declarados probados tuvieron lugar entre 2018 y 2019 cuando la víctima tenía 13 años de edad. La entonces educadora social del centro en el que se encontraba la menor se aprovechó de su posición para hacer creer a la niña que tenían una relación y así someterla a abusos sexuales continuados. La sentencia le impuso también 15 años de alejamiento de la víctima y cinco años más de inhabilitación, tras los 11 de cárcel, para ejercer ninguna profesión u oficio que requiera contacto con menores.