Bravo Bosch declaró "con toda la honestidad" ante la juez de la Patos
OPERACIÓN PATOS
La exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, ha declarado hoy como imputada ante la juez que instruye la Operación Patos "con toda la confianza y toda la honestidad", según sus propias palabras tras cumplir con el trámite, que duró poco menos de dos horas.
"Vine a aclarar lo que querían que aclarara", ha manifestado Bravo Bosch a la salida del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, y ahora, ha añadido, "hay que esperar a ver qué pasa".
La exdelegada de la Xunta, imputada por supuestos amaños de contratos y obras públicas, no ha contestado a la pregunta de si sale satisfecha de su declaración, y su abogado ha terciado para recordar que la instrucción está "sub iudice", con lo que tampoco ha aclarado si pedirán alguna diligencia más.
Es la tercera persona imputada en la Operación Patos que declara ante la magistrada Carmen García Campos, después de que la semana pasada hicieran lo propio dos técnicos de la delegación de la Xunta en Vigo, Juan Pedrosa, jefe del servicio de Formación y Colocación, y Ana Gómez.
Con anterioridad, se acogieron a su derecho a declarar Enrique Alonso Pais y Jaime Alvariñas, dueño y director general, respectivamente, de Eiriña, constructora señalada como epicentro de la supuesta trama corrupta, así como el técnico de Cespa Juan Ramón Alonso.
En total, son medio centenar los imputados, entre políticos, funcionarios y empresarios, en la Operación Patos.
Figuran en esa lista el expresidente de la Diputación y líder del PP de Pontevedra Rafael Louzán, cuya comparecencia ante la juez se ha aplazado al 17 de febrero, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), quien está citado para el 26 de noviembre.
La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.
También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.
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