Los desahucios bajan en Vigo pero aumentan los embargos por los impagos

El aumento de la inflación, con el encarecimiento de la electricidad y la cesta de la compra comienza a notarse en la economía de los hogares vigueses. Uno de los principales indicadores llega desde los juzgados, que incrementaron las demandas de embargo de bienes durante el pasado trimestre en casi un 23% respecto al mismo periodo del año pasado, ante el repunte de impagos y deudas. Así se traduce de los datos aportados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, que ingresaron entre julio y septiembre (teniendo en cuenta que agosto es inhábil) un total de 92 órdenes judiciales de retención de bienes frente a las 74 del mismo periodo de 2021.

Por contra, el número de desahucios se redujo en un 35%, pasando de los 97 en el verano del año pasado a los 63 al finalizar este mes de septiembre. Una de las razones, según explican desde la oficina judicial, estaría en el incremento de paralizaciones de desalojos hacia familias vulnerables. Ayer mismo, de los cuatro previstos en la ciudad, dos fueron suspendidos. El Gobierno volvió a prorrogar hasta diciembre el llamado “escudo social” para garantizar una alternativa habitacional a familias con menores o personas dependientes a su cargo, atendiendo a la difícil situación generada por la subida de precios.

La tónica sigue siendo la misma: la mayoría de demandas de desahucio son contra inquilinos que han dejado de pagar el alquiler. En los casos en los que pueden acogerse a la moratoria, los juzgados dan aviso a servicios sociales que deben realizar un informe, algo que, aseguran las mismas fuentes, también puede dilatar el proceso, ya que las peticiones son numerosas y están desbordados.

En cuanto a los lanzamientos por impago de hipotecas, son los menos, como también los de locales, ya que en estos casos, cuando hay impago de alquileres, la mayoría entrega las llaves voluntariamente sin necesidad de que se interponga demanda de desahucio, explican desde el servicio judicial donde se incide en que las demandas contra okupas son esporádicas. Tampoco es habitual los conflictos en la ejecución de desahucios, lanzamientos, pero en ocasiones la comisión requiere la presencia policial, como esta misma semana, cuando los inquilinos de una vivienda se opusieron de forma agresiva a la orden de desalojo.

Junto a los asuntos ingresados en el trimestre, que en la práctica es de dos meses, la oficina ejecutó 73 desahucios (algunos pendientes del periodo anterior) frente a los 87 del mismo periodo de 2021. En cuanto a los embargos la cifra de ejecutados pasó de los 54 en 2021 a los 65 este año.

La situación varía respecto a los seis primeros meses, cuando los lanzamientos practicados se situaron prácticamente a niveles similares e incluso con una ligera subida. De hecho, en general en Galicia, de abril a junio, que fueron los datos hechos públicos ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se incrementaron un 2,5%, subiendo en casi un 10%, las órdenes de desalojo derivadas del impago de alquileres.

El Servicio de Notificaciones, con retrasos de hasta tres meses por falta de coches

El trabajo del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados, situado en el Casco Vello, se acumula. A finalizar el último trimestre del año, los asuntos pendientes superaban el millar (1.050) frente a los 900 de 2021, y se están produciendo retrasos de hasta tres meses en notificaciones fuera del centro de Vigo. Los funcionarios tienen que trasladarse en un coche con chófer de la Xunta para desplazarse a los domicilios no solo de la ciudad sino del partido judicial, para lo que habitualmente cuentan con dos vehículos. Sin embargo, durante los meses de julio y septiembre se redujo el número de coches, dejando uno solo, lo que ha generado un importante atasco, del que el propio letrado de la Administración de Justicia de este servicio dio cuenta por carta a la Xunta solicitando un refuerzo de medios para poder aliviar la situación.

La falta de medios no ha afectado a embargos y desahucios porque en estos procedimientos se cuenta con la ayuda de los procuradores, pero sí lo ha hecho con otro tipo de requerimientos e información judicial, desde sentencias, a ejecuciones de las mismas o incluso la interposición de una demanda. El retraso puede hacer que una persona que viva en Gondomar, por ejemplo, no tenga conocimiento hasta dos meses después de que han interpuesto una demanda contra ella, explica el letrado judicial.

Aunque ahora en octubre se vuelve a reincorporar el segundo coche, la oficina considera necesario incorporar un tercero de refuerzo para evitar que no se acumulen los asuntos pendientes y poder dar salida a los que quedan por notificar en las zonas alejadas del casco urbano.

Desalojada con su pareja de la vivienda de su suegra en Coia

Josefa tuvo que abandonar ayer la vivienda en la que reside con su pareja en Coia después de que la Policía acudiera a su casa, propiedad de su suegra. “Ella me hizo un contrato de alquiler que finalizó hace tres años y, aunque es su hijo mi pareja y tiene derechos como heredero, al final nos tenemos que marchar porque ella inició el procedimiento para el desalojo”, explicaba ayer a este diario solo horas después de haber abandonado el que fuera su domicilio durante cinco años. El viernes podrán regresar pero solo para recoger sus pertenencias. De momento, han sido acogidos por familiares.