La Audiencia ordena reabrir por tercera vez el caso Cabo Estai
La familia que promueve la polémica urbanización lleva de nuevo a la vía penal a la directiva vecinal de San Miguel de Oia
La denuncia presentada por la familia Pillado, promotora de la polémica urbanización de seis chalés a escasos metros del mar en Cabo Estai, volvió en las dos últimas jornadas al juzgado en la vía penal tras la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar que el caso siga adelante. Antes, la jueza había archivado en dos ocasiones las acciones contra la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, a la que los denunciantes acusaron de injurias y calumnias por divulgar en sus redes la situación y organizar movilizaciones.
Para la juez no había caso y decidió sobreseerlo. Pero la familia recurrió, la Audiencia le dio la razón y el caso ha vuelto al inicio. Esta semana ya declararon, ante la misma magistrada, pero ya solo por calumnias (la imputación de un delito perseguible), el secretario y el vocal de marketing de la asociación vecinal cuando tuvieron lugar los hechos y a continuación la persona que se encargaba de mantener la página en Facebook y el vicesecretario de la entidad. El presidente ya lo hizo unos días antes. ¿Qué puede ocurrir? En principio, todo apunta a que la responsable judicial no va a cambiar su criterio y el caso volverá a cerrarse por la vía penal.
Otra cuestión es la vía contenciosa, donde los vecinos ya han conseguido una victoria al lograr una sentencia favorable, anulando la licencia concedida por el Concello para la construcción del vial en Cabo Estai que llega hasta el mar, y que es el centro de todo. Dicho camino, asfaltado, permite dar licencia como parcelas a los terrenos anexos y levantar seis chalés. El juzgado concluyó que el permiso fue otorgado sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa urbanística. La autorización, concedida por el Concello el 18 de junio de 2020, habilitaba la parcelación en cinco fincas más otra de cesión, paso previo para el desarrollo de la promoción inmobiliaria. La magistrada estimó íntegramente el recurso de un particular y consideró que la parcelación no podía autorizarse porque las fincas no estaban delimitadas por viales existentes o previstos.
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