Nuevo varapalo a Audasa por el cobro ilegal de peajes en la AP-9

Nuevo revés para Audasa. Tras el fallo del Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, la Audiencia de A Coruña condenó ayer del mismo modo a la concesionaria de la AP-9 a devolver parte de los peajes pagados por los usuarios durante las obras de ampliación del puente de Rande, ejecutadas entre los años 2015 y 2018. Esta vez, la denuncia fue impuesta por el tejido empresarial. La sala concluye que la empresa tendrá que devolver el precio de los peajes cobrados en aquellos casos en los que inclumplió sus obligaciones. "Esto es, cuando la ejecución de las obras afectó a la fluidez del tráfico y, a pesar de ello, no informó debidamente a los usuarios", recoge la sentencia.

Así, ordena que abone a los demandantes (empresas y particulares) la mitad del peaje correspondiente a los días en los que, según un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), el nivel de servicio fue catalogado como negro, rojo o amarillo, "siempre que se justifique a través de las facturas aportadas a los autos el trayecto realizado, determinación que, a falta de acuerdo, deberá realizarse en fase de ejecución de sentencia". Sin embargo, estima parcialmente el recurso de la compañía, pues establece que la devolución solo procederá en aquellos días en que se demuestre que las obras afectaron la fluidez del tráfico.

La Audiencia destacó que la concesionaria, sabedora de las posibles afecciones al tráfico que se producirían con el desarrollo de las obras de ampliación, no tomó ninguna medida pese a que su servicio iba a ser deficitario. Ni siquiera con la reducción del coste de la circulación. “Durante las obras, y a pesar de los atascos, retrasos, incidencias graves y menos graves, quejas de los usuarios y repercusión en la sociedad, mantuvo exactamente la misma conducta ajena y no trató ni siquiera entonces de corregir la situación existente, ni rebajó el precio del peaje ante esa merma en el servicio, compensando a los usuarios por la defectuosa prestación que éstos iban a tener que soportar”, subraya la Audiencia.

Diego Maraña, de la agrupación de usuarios En Colectivo, resaltó que esta sentencia es una más en contra de Audasa, dejando claro las deficiencias de la concesionaria. Añadió, además, que resulta "incomprensible" que el ministro no acepte el dictamen de la Unión Europea cuando los tribunales han dejado claro de forma reiterada sus incumplimientos. "No puede ser por un asunto económico, que no lo es, y si lo fuera, el Gobierno no puede incumplir un acuerdo comunitario y castigar a los gallegos con el peaje hasta 2048", señaló. La Comisión Europea determinó el pasado año que la prórroga del peaje resultó ser ilegal, dictamen actualmente recurrido por el Gobierno.