El armador del ‘Simione’ afronta otra pena por explotación sexual

El empresario vigués, principal acusado por el alijo de casi 3.000 kilos de cocaína interceptados en el buque ‘Simione’ en 2022 y que se enfrenta a 13 años de cárcel por estos hechos, también afronta prisión, más de cinco años, por explotación sexual en varios chalés de lujo.

La causa del gran alijo, que llega la semana que viene a la Audiencia, fue curiosamente posterior a su detención por explotar sexualmente a mujeres extranjeras en estos inmuebles en los que además, según la Fiscalía, se vendía droga.

Junto a la operación denominada ‘Surgar Brown’ en la que se sentará en el banquillo con los tres tripulantes del ‘Simione’, Pablo G. tendrá otra vista para responder por los presuntos delitos de prostitución lucrativa (dos años y medio de cárcel) con cada una de las seis testigos protegidas además de otro delito de favorecimiento de estancia irregular con ánimo de lucro (9 meses de cárcel) y la Fiscalía añade además otro contra la salud pública, que elevaría la pena total por encima de los cinco años. En esta causa hay otros cuatro acusados y una mercantil.

Según el escrito de acusación, el empresario y una mujer regentaban locales de negocio en un chalé de Ricardo Mella y otro de Tomás Alonso, donde bajo su supervisión y control ejercían prostitución mujeres en una gran mayoría extranjeras en situación irregular. La pareja sostiene, se dedicaba al alojamiento con finalidad de explotación sexual y este lo realizaban a través de contratos de subarriendo a nombre de la empresa acusada. Así, afirma, alojaban a estas mujeres con el fin de obtener un beneficio económico ilícito con su actividad sexual, que además también se llevaba a cabo en un spá de Pizarro. Sobre las mujeres “jercían un control directo para llevar a efecto la explotación en condiciones abusivas de disponibilidad”. Para dicha explotación, presuntamente preparaban y publicaban los anuncios que colgaban en webs de contactos sexuales, donde ofrecían los servicios sexuales de las mujeres alojadas, quedándose del precio de lo cobrado a los clientes un porcentaje del 50% en la mayor parte de dichos servicio, repartiéndose posteriormente el beneficio entre ambos. A las otras tres acusadas se les atribuye gestiones de supervisión de las víctimas, además del control de la droga que estas debían suministrar a los clientes.

Las testigos protegidas que habían llegado a España por su situación de vulnerabilidad relatan cómo no conocían las condiciones del ejercicio de la prostitución en estos chalés, el tipo de servicios sexuales y que debían consumir drogas, así como disponibilidad las 24 horas del día con un descanso de solo dos horas, siendo presionadas incluso para trabajar estando enfermas.