El alcalde de Castro Urdiales y el concejal condenados a 7 años y medio de inhabilitación por prevaricación

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castro Urdiales al completo ha sido condenada a 52 años y medio de inhabilitación por delitos de prevaricación. La sentencia ha impuesto penas de siete años y medio tanto para el alcalde del municipio cántabro, el exregionalista y considerado tránsfuga, Fernando Muguruza, como para el teniente de Alcalde, el ex 'popular', José Miguel Rodríguez López 'KyK'. Ahora la Junta Electoral se reunirá para analizar si la sentencia del caso Mioño impide a Muguruza y a Rodríguez López pueden presentarse este domingo a las elecciones municipales, tras la reforma de la Ley Electoral que impide a los condenados por sentencias no firmes participar en comicios.

La Junta de Gobierno del municipio cántabro de Castro Urdiales aprobó la adjudicación de las obras del túnel de Mioño de forma directa y sin contrato a la empresa 'Izeta', cuyo gerente es hermano de uno de los concejales. En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander que se ha difundido este jueves a los representantes legales de los condenados, se les imputa a penas que suman 52 años y medio de prisión por delitos de prevaricación.

Aunque se les absuelve tanto del mismo delito para las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal, ya que en este caso si hubo varias ofertas pese a que el procedimiento fuera similar, como de las acusaciones al que fuera secretario accidental y al interventor, el equipo del Consistorio al completo ha sido inhabilitado.

En concreto, los acusados han sido sentenciados con siete años y medio de prisión cada uno. Los condenados son el alcalde, Fernando Muguruza; y los concejales Salvador Hierro, Jaime Díez Muro, el hermano del gerente de la empresa, Santiago Vélez, Concepción Carranza, además del secretario municipal, Cesar Sainz, por su participación en la Junta de Gobierno local que acordó esa adjudicación. Al hermano del concejal se le ha impuesto una pena de 16 meses de prisión y multa de 7.090 euros por un delito de tráfico de influencias.

La representación legal de Muguruza ya ha adelantado que estudiará el recurso contra una condena que no es firme para analizar la participación tanto de Muguruza como de Rodríguez López en las elecciones municipales de este domingo, a las que concurren bajo las siglas ACA (Alternativa Castreña Independiente), de nueva creación. En esta formación, 'KyK' es el número uno y Muguruza el número 2.

A tres días de los comicios, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, se ha trasladado desde el juzgado un certificado sobre la existencia de la sentencia, que se remite a la Junta Electoral de zona, Castro y Laredo. Este órgano se reunirá a partir de este jueves por la tarde para estudiar el asunto, sobre el que se pronunciará este viernes, que es el último día de la campaña electoral, a primera hora. Y es que, tras la reforma de la Ley Electoral que impide a los condenados por sentencias no firme participar en elecciones.

BENEFICIOS FAMILIARES

En 79 páginas que ocupa la sentencia, el magistrado José Hoya Corominas, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, considera probado que, en septiembre de 2004, el empresario Juan Ignacio Díez Muro, se valió de su condición de hermano de concejal de Industria para mantener contactos 'personales y directos' con Salvador Huerro, concejal de Obras, para que se adjudicara, 'beneficiándose de su relación familiar', a Izeta la limpieza del túnel de Mioño.

Sin que existiera ningún traslado de esta oferta al Servicio de Contratación del Ayuntamiento para que abriera el expediente, el magistrado estima que Hierro obvió 'con pleno conocimiento' los trámites pertinentes, de forma que el 21 de octubre de 2004 la Junta de Gobierno local aprobó la propuesta del concejal de Obras 'con pleno conocimiento de la ausencia total' de expediente.

Durante esta votación en la que el concejal de Industria no se abstuvo, de forma que votó la oferta de su hermano; y en la que el secretario municipal, no advirtió a los ediles de esta situación. Así, Izeta obtuvo un beneficio de 3.525 euros por estos trabajos, 'cuya necesidad se desconoce' y para los que alguien no identificado presentó luego una oferta de otra empresa, con NIF falso. Posteriormente, el interventor emitió un reparo de ilegalidad sobre el proceso, que fue levantado por el alcalde, en diciembre de 2005.

Para el juez titular se obviaron 'la totalidad' de los procedimientos, en una 'burda' forma de trabajar 'absolutamente contraria al ordenamiento jurídico' que no se 'justifica' por el 'desorden administrativo' del Ayuntamiento de Castro Urdiales, al que en el juicio aludieron en reiteradas ocasiones los acusados y diversos funcionarios.

'¿CÓMO ES POSIBLE?'

Si 'todos eran conscientes del desastre administrativo' del Consistorio, si era, como decían, su 'principal motivo de preocupación', '¿cómo es posible que partiendo de tales premisas justifican la adjudicación de una obra sin cerciorarse del cumplimiento de los requisitos mínimos?', les espeta Hoya a los acusados.

'¿Cómo es posible que ninguno hiciera la pregunta de las razones que lo aconsejaban? ¿cómo ninguno realizó la pregunta de si se había tramitado el expediente?, sigue preguntándose el magistrado, que concluye que los acusados 'claramente evidencian que conoceros de la situación, aceptaron el resultado por anticipado', 'asumiéndolo' como 'uno más de los acumulables al desastre' que, 'lamentablemente aceptaron'.

Cabe también en el fallo el reproche de Hoya a la actitud de algunos abogados de la defensa respecto a los investigadores, cuya legitimidad fue cuestionada y el juez defiende. En cambio, sí rechaza la falta de conocimientos jurídicos que alegaron los acusados para su actuación, para los que responde remitiéndose a su formación y experiencia profesional. Hoya Corominas recurre a la 'complejidad' de la investigación, para admitir que ha habido retrasos en el juicio, lo que supone rebajar la penal al contemplar la atenuante de dilaciones indebidas.