La acusada por el caso vigués de la "pornochacha" aceptará seis años de cárcel
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Fiscalía y defensa llegan a un acuerdo que corrobora la trata de con fines de servidumbre
La acusada de uno de los casos más escabrosos ocurridos en Vigo en los últimos años, un presunto secuestro sexual que destapó una serie de abusos, violaciones a mujeres extranjeras en situación de penuria económica, evitará el juicio tras llegar a un acuerdo por el que aceptará unos 6 años de cárcel en total por varios delitos y que será ratificado la semana próxima.
La Fiscalía solicitaba hasta 37 años de cárcel por cinco delitos, también la acusación particular. Sin embargo, las partes junto con la defensa habrían alcanzado un acuerdo, que ratificaría entre otras infracciones penales, la de trata de seres humanos con fines de servidumbre, una de las más complejas para llevar ante un tribunal.
La mujer fue detenida en octubre de 2019 junto a su marido, quien se suicidó tirándose por la ventana del domicilio conyugal en Castrelos, en pleno registro. Ella ingresó en prisión y se quedó en una causa que comenzó con lo que inicilamente parecía una denuncia descabellada. Una víctima acudía a la Policía para relatar cómo había sido secuestrada en un domicilio, al que acudió para trabajar como empleada de hogar y niñera y las situaciones denigrantes a las que era sometida.
A partir de ahí, se inició una compleja investigación con la que se logró localizar hasta siete víctimas, todas ellas de países latinoamericanos como la investigada, natural de Panamá y madre de una niña pequeña. Según el relato fiscal, la pareja contactaba con las mujeres mediante internet, con ofertas de trabajo para empleada de hogar y niñera. Durante la entrevista, el escrito inicial señalaba que eran sometidas a “exámenes ginecológicos” por parte del hombre que se hacía pasar por sanitario para cometer los abusos. Las mujeres que llegaron a trabajar en la casa fueron obligadas a realizar actos denigrantes, sostiene el relato fiscal, como limpiar en ropa interior o desnudas “normas de la casa”, decía la acusada bajo amenazas que procedían supuestamente de una organización de la que eran miembros, dedicada al tráfico de órganos y de drogas.
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