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La Diócesis de Tui-Vigo aprobó en los últimos tres años más de 500 solicitudes realizadas por descendientes de personas nacidas en su área de influencia (Vigo, Condado, Baixo Miño, Val Miñor, Redondela y Louriña) y que residen en otro país para conseguir la nacionalidad española. Eso se puede certificar a partir de millones de partidas bautismales que se encuentran en el Archivo Diocesano, que determinan el origen de un antepasado, ya sea la madre/padre o abuelo/abuela del remitente de la petición. Sin embargo, las solicitudes se cuentan por miles, intensificándose más en las últimas semanas ante la cercanía de la fecha límite para su presentación, el próximo 22 de octubre. Con ello, desde el Archivo Diocesano han confesado sentirse desbordados y con una gran carga de trabajo, debido a la tediosa labor de esclarecer el lugar de nacimiento de una persona a través de partidas que, en ocasiones, no se encuentran completas o contienen fallos gramaticales.
Esta ley se denomina Ley de Memoria Democrática y es coloquialmente conocida como ‘ley de nietos’. Desde la Diócesis, el archivero Avelino Bouzón indicó que llevan tres años recibiendo peticiones “prácticamente todos los días”, pero que en las últimas semanas las solicitudes han sido constantes: “Llega el final y todo el mundo se pone las pilas, pero no se suelen mandar datos precisos”. Eso impide desarrollar bien su labor y que, muchas de las solicitudes, acaben en la papelera u otras que sean imposibles de dilucidar por falta de tiempo. “Lo más complejo es cuando existe un error gramatical en el apellido. Hay veces que, pasadas las décadas, el apellido Álvavez se acabó transformando el Alves, y eso acaba siendo denegado porque no coincide. Se acaba solucionando, pero tarda”, afirmó Bouzón.
Otra traba importante es la antigüedad de los libros para su consulta. Algunos, pueden llegar a tener más de 150 años, con mucho desgaste y una escritura ilegible. Las barreras se incrementaron en el método realizado en el siglo XIX cuando “el bautismo solo se registraba de boca a oído", perdiéndose mucha información, ahora muy valiosa. Además, los cambios aplicados a partir de la aplicación de la nueva ley en 2022 (pasó de llamarse Ley de Memoria Histórica a Ley de Memoria Democrática) amplió mucho más la búsqueda: “Antes solo se podía certificar la nacionalidad si se tenía un antepasado, pero situando un límite en el tatarabuelo. Ahora, ya puede ser cualquier persona que se pueda acreditar una línea de sangre (Ius Sanguinis)”.
No obstante, Bouzón consideró que superar la barrera de las 500 peticiones aprobadas “es muy buena noticia”, teniendo en cuenta que la digitalización todavía no llegó al Archivo Diocesano y todo se consulta en papel. Un método que Bouzón no quiere eliminar. Una vez constatada la línea de sangre en los archivos, el siguiente paso es remitir la información a la secretaría de Emigración de la Xunta, que da el visto bueno. Y con ello, la certificación de la nacionalidad española del solicitante, que conlleva el derecho de residencia en España. Una de las razones primordiales para que descendientes soliciten la nacionalidad.
Las peticiones se sucedieron en los tres últimos años de todas las partes del mundo, salvo del continente africano. La gran mayoría proviene de latinoamérica, especialmente de Argentina, Brasil y Cuba. Y cada país por una razón diferente, según señala Bouzón. Las solicitudes desde Argentina responden más a un sentimiento de raíces, con muchísima emigración en la primera mitad del siglo XX. Los cubanos, por su parte, realizan las peticiones más por desesperación, debido a la mala situación del país. Una premisa que se repite en zonas de Estados Unidos de habla hispana tras la llegada de Trump al poder. “Argentina es, sin duda, el más numeroso. Hay mucha relación con los emigrantes a Buenos Aires y, ahora, sus descendientes quieren volver”. Chile es otro país que vivió un ‘terremoto’ demográfico desde Galicia, aunque en menor medida.
En las últimas semanas, Bouzón indicó que recibió varias solicitudes de puntos del mapa más inusuales, como Indonesia o Taiwan, que han sido aprobados. “Eso es debido a una doble emigración. Desde Galicia han ido a Chile, y sus hijos han hecho lo propio a Asia”, señaló. Un movimiento migratorio que, según Bouzón, fue bastante habitual a finales del siglo XX y principios del XXI. Los inicios de la ley, bajo el nombre de Ley de Memoria Histórica, se centraba en los exiliados de la Guerra Civil Española por ideología política, para conseguir el retorno a sus hogares, pero se han ido sumando otros factores, como la mala situación del país en cuestión y la violencia. La actual Ley de Memoria Democrática, que comenzó en octubre de 2022, daba dos años de plazo (más uno de prórroga) para que extranjeros pudiesen certificar su conexión con España.
Bouzón resaltó la mala situación que vive la isla de Cuba y que está provocando que toda clase de personas estén solicitando a la Diócesis de Tui-Vigo una conexión con Galicia para poder vivir en España. “La situación está fatal. De médicos a locutores. Un periodista radiofónico me llamó para entrar en directo en una radio cubana por este motivo, y él mismo me dijo que está buscando algún antepasado en España para irse de allí”, señaló. En el lado contrario, centrándose en América, señaló que desde Canadá o Uruguay las peticiones son mucho menos numerosas. Aunque existen.
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