150.000 metros de fincas de Vigo, en riesgo cinco años después de los incendios

Cinco años después del inicio de los grandes incendios de octubre de 2017, todavía hay 150.000 metros cuadrados de monte y fincas en Vigo en situación de riesgo. Según el listado publicado esta misma semana por el Concello hay hasta una treintena de parcelas ubicadas sobre infraestructuras, líneas de transporte o núcleos de edificios e instalaciones y con especies arbóreas prohibidas a menos de 50 metros de viviendas en las que no se han realizado tareas limpieza.

De esta treintena de parcelas, 26 de ellas ya han recibido el aviso serán intervenidas de forma forzosa para su gestión de la biomasa por parte del Concello después de que los propietarios hayan desatendido los reiterados requerimientos, bien por estar ilocalizables bien por no haber podido ser identificados. Otras cuatro fincas cuentan con una advertencia recordando la obligación de realizar las tareas de limpieza. En su conjunto abarcan 15 hectáreas de terreno, alrededor de 150.000 metros cuadrados.

El terreno de mayor superficie que será intervenido por el Concello se encuentra a escasos metros del Ifevi, abarcando más de 57.000 metros cuadrados, pero también hay parcelas situadas en el entorno de Samil, del aeropuerto de Peinador, junto al cementerio parroquial de Navia, e incluso en zonas más urbanas como el entorno de San Xoán Poulo.

Todo ello en un año marcado de nuevo por la sequía y por temperaturas más altas de lo habitual en esta época, como ya ocurrió en 2017, cuando una ola de incendios forestales con tres días de fuegos, entre el 14 y el 17 de octubre, dejó para el recuerdo tres fallecidos en el área de Vigo en nueve incendios que rodearon la ciudad y Baiona y que quemaron una superficie total de 3.422,18 hectáreas.

Fragoselo, Zamáns y el Alba, en el municipio vigués, y Chandebrito, en Nigrán, fueron los lugares más afectados directamente y donde la huella es todavía visible; aunque otras imágenes impactantes fueron la cadena humana en Navia o la proliferación de fuegos por todo el perímetro y los avisos de que había que desalojar ante el avance de las llamas.

La falta de respuesta a los requerimientos del Concello ante las fincas que continúan sin desbrozar hace que la normativa permita a los servicios municipales acceder a los terrenos para gestionar la biomasa vegetal y solo cuando se trate de una zona incluida como domicilio se tendrá que acudir con orden judicial.

Los dueños identificados no solo se enfrentan a sanción, sino que tendrán que hacer frente al coste de lo invertido por el Concello para realizar las tareas de desbroce. Cuando la identidad de los responsables no sea conocida en el momento en el que se lleva la ejecución, la repercusión de los gastos se aplazará hasta el momento en el que llegue a ser conocida siempre que no prescribiesen los correspondientes derechos de cobro de la Hacienda pública, sostiene la normativa.

Pero la Ley de Prevención y Defensa de Incendios Forestales de Galicia advierte de que los terrenos pueden llegar a ser expropiados. El incumplimiento de “la función social de la propiedad será causa de expropiación forzosa por interés social” en caso de que los costes por los trabajos de limpieza no se puedan reclamar al propietario por desconocer su identidad y superen el valor catastral de la parcela. Entonces, será el Banco de Tierras de Galicia o el Concello en este caso.