La UE externaliza los centros para los deportados

Los Veintisiete cumplieron ayer el último trámite para adoptar formalmente el acuerdo que endurece la política de retornos de la Unión Europea y consolida la externalización de los centros de deportación en terceros países, a donde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de la UE; un marco legal al que España se ha opuesto durante todas las negociaciones y por el que votó en contra de la directiva.

La luz verde definitiva a la controvertida reforma se produjo en una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, en la que el titular español, Fernando Grande-Marlaska, votó en contra porque el Gobierno mantiene sus dudas respecto a la compatibilidad de estos centros con el Derecho europeo e internacional. El resto de socios, a excepción de la abstención de Bélgica, respaldaron la nueva norma.

Modelo de Meloni

De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconoce que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

Estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados. Dichos centros de deportación podrán servir como destino final o como centros de tránsito para facilitar el regreso al país de origen o a otro tercer país.

Las disposiciones del nuevo reglamento se aplicarán en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE).

Otra de las claves del nuevo reglamento es que se establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses.