Casi un tercio de jóvenes dice que sufrió violencia sexual infantil
Casi la mitad de casos se produce en el entorno familiar, siendo los padres “grandes perpetradores”
Un 28,9% de jóvenes de 18 a 30 años en España afirma haber sufrido violencia sexual en la infancia, y un 25,7% violencia en el ámbito de la pareja, según el estudio “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia”, presentado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La macroencuesta, con más de 9.000 respuestas, recoge seis tipos de violencia: “psicológica”, “física”, “sexual”, “de pareja”, “por negligencia” y “digital”, ofreciendo un panorama amplio sobre la magnitud de estas problemáticas.
Casi la mitad de los casos de violencia sexual se produce en el entorno familiar, siendo los padres los principales perpetradores. La violencia de pareja afecta más a las mujeres, con un 28,7%, y un 33% más de riesgo que los hombres. La violencia “psicológica” alcanza al 48,1% de los encuestados, mientras la “física” se sitúa en el 40,5% y la “digital” en el 24,9%. La violencia “por negligencia” afecta al 24,4%, y una parte de estas experiencias continúa en la edad adulta.
El informe revela que las niñas y mujeres adolescentes, personas LGTBIQ+, migrantes, con estudios inferiores a universitarios o con discapacidad sufren más cualquier tipo de violencia durante la infancia y adolescencia. Las madres ejercen más violencia “psicológica” (60,4%), mientras que la “física” se reparte de manera similar entre ambos progenitores. La adolescencia es la etapa con mayor prevalencia de violencia “psicológica” y “física”, destacando la necesidad de intervenciones tempranas y específicas.
La ministra Sira Rego alertó de que estas violencias reflejan un sistema patriarcal que naturaliza la violencia y transmite el miedo como herencia. Subrayó que “casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil” y que la respuesta debe ser política. Por ello, el Ministerio presentó una reforma de la Ley de protección a la infancia, que establece la obligación de escuchar a los menores, garantizar defensa letrada, eliminar límites de edad para ciertas pruebas y crear equipos especializados en todos los partidos judiciales.
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