La sanidad lidera las quejas al Defensor del Pueblo en 2021

La Oficina Defensor del Pueblo recibió un total de 29.015 quejas en 2021, un año “marcado por las secuelas” de la pandemia del covid-19, lo que supone un incremento de un 3,5% con respecto a las 28.020 del año 2020, según el Informe anual de la Institución. Las quejas suben pero lo hacen en menor medida que en el año en el que empezó la pandemia, cuando aumentaron un 26,4 por ciento respecto al ejercicio anterior. “Cuanto ha sucedido ha venido marcado por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto de la covid-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos, en 2021”, explica el Defensor, Ángel Gabilondo, en el documento, que entregó ayer a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Según el documento, la Institución inició en 2021 un total de 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos-32.974 de ellos a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente-. Respecto a las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, este año recibió un total de 204, lo que supone un descenso de un 77,5% con respecto a las 909 recibidas el año anterior.

Tramitación y actuaciones

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló en 2021, ante las distintas administraciones, un total de 582 recomendaciones y 1.139 sugerencias. De las recomendaciones, 189 han sido aceptadas, 60 no aceptadas y 333 están en trámite o todavía sin contestar por parte de la administración concernida. Respecto a las sugerencias, 324 fueron aceptadas, 125 no aceptadas y 690 están en trámite o sin contestar. Por temáticas, la mayoría de los expedientes de queja, de actuación de oficio o de solicitudes de recurso están relacionados con el área de la Seguridad social y el empleo (13,4%), seguidos por Administración de Justicia (11,9%), Función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones (6,8%), Asuntos de interior (6,6%) y educación (6%).

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, reclamó mejorar la coordinación en la acogida de los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania y atender eficazmente las situaciones de emergencia social y sanitaria generadas en España por la pandemia. Son algunas de las propuestas que Gabilondo expresó en el Congreso. El Defensor pide una actuación específica y directa para afrontar la “verdadera emergencia social” y el aumento de la demanda de recursos: “Basta detenerse en las situaciones de mayor desamparo para comprender hasta qué punto en líneas generales la pobreza constituye un elemento de riesgo”.

La institución urge más recursos para no marginar a los mayores

La institución constata “diversas dificultades procuradas por una transición a las nuevas tecnologías, sin duda necesaria, pero que ha tenido lugar sin establecer adecuadamente los medios y recursos para no dejar al margen, tanto a personas mayores, como a quienes habitan en ámbitos especialmente aislados en el mundo rural, o que carecen de los recursos”. El Defensor del Pueblo incide en la necesidad de esa accesibilidad y de un lenguaje claro en la Administración Pública a los pacientes.

Por otro lado, sobre el índice global de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021, el documento precisa que se ha situado en el 92,56%, tomando en consideración las dotaciones finales del presupuesto, por lo que el remanente generado asciende a la cifra de 1.318.391,94 euros. La institución atribuye este remanente, en buena medida, al cambio en el criterio temporal de la imputación de gastos; a las “dificultades” atravesadas por la compañía que suministraba la energía eléctrica, en la actualidad en concurso de acreedores, que no formalizó en plazo durante buena parte del ejercicio las facturas para su cobro con fondos del presupuesto de 2021, y a la situación de interinidad vivida en la institución en los últimos meses que llevó a demorar la cobertura de algunas vacantes, fundamentalmente por jubilaciones.

La institución señala que habrá tiempo, con motivo de la preparación del próximo y sucesivos informes, para “plantearse la posibilidad de establecer un nuevo modelo de informe, con una diferente orientación”.