Pagar sin comer: la ley a favor de un restaurante por una reserva

Si un vuelo o un hotel se paga por adelantado ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con un restaurante? La reflexión la hace el chef Paulo Airaudo, a quien un juzgado de San Sebastián acaba de dar la razón por haber cobrado a un cliente 510 euros por no presentarse a una cena cuya reserva no canceló.

La noche del 16 de julio de 2021, el restaurante Amelia, situado en el donostiarra paseo de La Concha, que logró su segunda estrella Michelin a finales de ese año, esperaba a tres comensales que no aparecieron, por lo que cargó en la tarjeta de la persona que había hecho la reserva la cantidad estipulada en su política de cancelación, aceptada por el cliente cuando efectuó el trámite “online”.

Airaudo recuerda la conversación que mantuvo con el cliente cuando, el 17 de julio, este intentó que le asignasen una mesa para ese día, ya que había retrasado 24 horas su visita a la ciudad y con ello aplazado también su estancia en el Hotel Villa Favorita, en cuyo edificio se encuentra el restaurante, aunque las empresas son diferentes. Esa persona había avisado al establecimiento hotelero, pero aseguró que se olvidó de hacerlo a su restaurante y que dio “por sentado” que desde el hotel avisarían.

El chef argentino, asentado desde hace un lustro en San Sebastián, le dijo que tanto para la cena de ese día como para la comida del 18 de julio, el local estaba completo, por lo que ofreció al cliente una mesa en Amelia para quince días después, pero este rechazó la propuesta, explica Airaudo.

El hombre le advirtió de que llevaría el asunto a los tribunales por haberle cargado ya en su tarjeta la suma de los tres cubiertos -170 euros cada uno- sin haber disfrutado del servicio. Semanas después le llegó el requerimiento del juzgado, el juicio se celebró en diciembre de 2022 y en marzo de este año se dictó la sentencia, un pronunciamiento firme que desestima “íntegramente” la demanda del cliente, notario de profesión.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián destaca que la aceptación de la cláusula de penalización para el supuesto de no presentarse el comensal en el restaurante “era un requisito ‘sine qua non’ para efectuar la reserva”.

Allí se decía que se aceptaban anulaciones sin cargos hasta 72 horas antes y “que cualquier cancelación o modificación después de ese tiempo estaba sujeta a una tarifa de 170 euros por persona”. “Se trata además de una cláusula redactada de forma sencilla, de fácil comprensión y de significado unívoco. Supera en todo caso los controles de incorporación y transparencia, debiendo apreciarse además que el cliente tiene la profesión de notario”, señala el juez.

Da por acreditado que en esa fecha el precio medio por cubierto en Amelia era de 287,77 euros, por lo que no cree desproporcionada la cuantía de la penalización.

Afirma que la incomparecencia de esos tres clientes supuso “un gran perjuicio económico” para un negocio que “busca la excelencia y distinción tanto en la obtención de la materia prima (bogavante de Escocia o productos originarios del Japón –puso como ejemplos-), como en su elaboración y posterior presentación al comensal”, apunta el juez.

Airaudo lamenta que en ocasiones el cliente se olvide del perjuicio que causa con sus decisiones de última hora y espera que esta sentencia sirva para que sus colegas no tengan reparos en aplicar este tipo de políticas de cancelación en las que todo quede “bien escrito”.