Los mayores piden blindar las pensiones ante la cita electoral

Pensiones dignas, políticas contra la soledad no deseada, atención presencial y humana en las administraciones públicas y la creación de una fiscalía especializada que vele por los derechos de las personas mayores son algunas de las reivindicaciones de organizaciones de mayores de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Al respecto, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) recordó los datos del INE según los cuales el 21,1% de la población residente en España tiene 65 o más años, cifra que se prevé elevar hasta el 25% en 2040. Ante esta circunstancia, la PMP defiende un “sistema público de pensiones suficiente, que garantice seguridad económica durante toda nuestra vejez”.

La organización también urge a reformar el Sistema Nacional de Salud para adecuarlo al envejecimiento, la fragilidad y la cronicidad, empezando por el fortalecimiento de la atención primaria. Proponen además un plan nacional de atención sanitaria que garantice la accesibilidad universal, atención geriátrica especializada, salud mental y coordinación real sociosanitaria.

Otra de sus reivindicaciones es contar con un sistema de cuidados que permita vivir y envejecer donde la persona desee. En este sentido recordaron que 142.887 personas seguían esperando la valoración de la dependencia, con una tramitación media de 314 días, y el 42% de la población vive con servicios sociales débiles.

A su juicio, España debe prepararse con una estrategia nacional para la nueva longevidad con nuevos y “más sólidos” derechos, financiación e indicadores de evaluación. Además, debe impulsarse una economía “justa y participativa” que aproveche el talento sénior, flexibilice la transición a la jubilación y evite que la edad motive la exclusión laboral.

También reclama una ley integral de derechos de las personas mayores de carácter vinculante, dotada de recursos y mecanismos sancionadores. Asimismo, exige políticas para erradicar el edadismo en las instituciones, servicios públicos y sanidad, además de viviendas que faciliten una vejez autónoma.

Preocupa igualmente la digitalización de servicios frente a la atención presencial. Para la PMP, “la transformación tecnológica no debe convertirse en una nueva forma de exclusión”. Reclama, además, la aprobación prioritaria de la ley de defensa del cliente financiero. Sostiene que la soledad no deseada exige una política pública estable y defiende el ámbito rural: “La España rural también tiene derecho a una vida más larga y mejor vivida”.

Por su parte, HelpAge International España, subraya que los mayores superan los 10 millones de habitantes y que “la longevidad no es un problema que haya que resolver, sino una realidad para la que debemos prepararnos con políticas públicas adecuadas”, apuntan.