La ley para prohibir las redes a menores vuelve al Congreso

El Congreso tiene previsto retomar esta semana la tramitación del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales -que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes sociales-, que se debatirá en ponencia este martes, en la Comisión de Justicia.

Los grupos parlamentarios ya se reunieron en ponencia antes del verano, y fuentes del PSOE dijeron entonces que salían “satisfechos por el acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara y al haber incorporado las enmiendas y transaccionales socialistas a la nueva ley”.

Entre las enmiendas registradas, PSOE y Sumar acordaron prohibir el acceso a redes sociales que incluyan “contenidos dañinos para la infancia y adolescencia” a menores de 16 años.

En concreto, el texto pone el foco sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, que deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas prejudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados.

En cualquier caso, señala que para poder acceder a las plataformas autorizadas por la CNMC, los menores de 16 años deberán contar también con la autorización de sus padres o tutores legales.

A través de enmiendas, los socios de Gobierno también han incorporado a la ley la tipificación en el Código Penal de la manipulación de los algoritmos para amplificar contenido dañino.

Contenidos lesivos

Así, se convierte en delito que una plataforma y servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos, entre otros, los que incitan al suicidio o a la autolesión, los contenidos de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio.

Asimismo, se introduce que los directivos que conozcan ese efecto y no actúen serán penalmente responsables y añade que ignorar una orden de retirada de contenidos ilícitos -judicial o administrativa- tendrá igualmente consecuencias penales.

En una entrevista reciente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que han hecho “un esfuerzo por situar la responsabilidad donde corresponde”, en “las grandes plataformas” y no sobre las familias. “Esto no puede seguir siendo la ley de la selva. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y por tanto el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas y de las tecnológicas”, insistió.