La Iglesia recoge 146 nuevas pruebas de abusos en 2024

La Conferencia Episcopal Española (CEE) recogió 146 nuevos testimonios de víctimas de abusos en 2024, lo que eleva la cifra a más de 1.000 desde la creación de las oficinas de protección a menores hace cuatro años. Según Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, 94 de estos casos no tuvieron recorrido judicial debido a la muerte del agresor o a la prescripción del delito. Aunque no tienen obligación legal, García Magán destacó que la CEE asume una “obligación moral” para reparar a las víctimas.

Para ello, la Iglesia trabaja en la creación de la Comisión Asesora de Reparación Integral, puesta en marcha en septiembre, con el fin de ofrecer compensaciones y soluciones a los casos no judicializables. Esta comisión se considera un paso fundamental para restaurar la confianza de la sociedad en la institución eclesiástica y avanzar en la reparación de los daños causados, en un esfuerzo por dar visibilidad a las víctimas y tomar medidas reales de reparación.

La CEE también se ha centrado en la prevención de abusos. En 2024, formó a 225.000 personas, de las cuales 130.000 fueron menores, y a 43.000 profesores y 20.000 padres. García Magán subrayó que la intención de la Iglesia es garantizar que cada vez más personas dentro de la institución estén formadas para prevenir abusos y crear un entorno seguro para los menores, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la protección infantil. Además, recordó que el foco no está en el número de víctimas, sino en la formación constante de quienes forman parte de la Iglesia, promoviendo un cambio cultural en la institución para evitar futuros casos de abuso. Este esfuerzo de formación es crucial para garantizar que la Iglesia evolucione hacia un modelo de mayor transparencia y protección.

Mejor gestión de recursos

En cuanto a la salida del nuncio Bernardito Auza, García Magán informó que, aunque ha sido nombrado nuncio ante la Unión Europea, sigue en España hasta el 21 de mayo, manteniendo sus funciones de nuncio apostólico. Durante la Asamblea Plenaria, los obispos aprobaron un modelo homologado de rendición de cuentas económicas y de actividades de las entidades eclesiales. Este modelo tiene como objetivo mejorar la transparencia financiera de las parroquias y otras instituciones de la Iglesia, promoviendo la responsabilidad y una mejor gestión de los recursos eclesiales. Este cambio busca que las instituciones eclesiásticas sean más abiertas y accesibles a la rendición de cuentas ante la sociedad. Se destacó que la rendición de cuentas no solo tiene que ver con lo económico.

Además, los obispos aprobaron el nombramiento de Paula Alió Alonso como administradora general de la Conferencia Episcopal Española y comenzaron a preparar el acto ecuménico de noviembre con motivo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea. Se trataron temas sobre la actualización de la pastoral de la Iglesia y la aplicación de los resultados del Sínodo de los Obispos, con un enfoque en fortalecer el trabajo pastoral y la misión de la Iglesia en la sociedad actual.