La Iglesia Católica indemniza a 39 víctimas por sufrir abusos

La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva), creada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), ha recibido 89 solicitudes en su primer año, de las que se han resuelto 39, con indemnizaciones que van de 3.000 a 100.000 euros según la gravedad de los casos. De las solicitudes, 32 corresponden a diócesis y 57 a congregaciones religiosas.

El resto de los casos espera informes de las instituciones eclesiales. La comisión asegura que “en la mayoría de los casos” las resoluciones se han producido “en un tiempo no superior a tres meses”. Además, ha trabajado en su reglamento, baremos de indemnización y el procedimiento de solicitud para “garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización”.

El plan abarca abusos cometidos contra menores o personas con discapacidad intelectual cuando los casos han prescrito, el agresor ha fallecido o es inimputable. La reparación integral incluye indemnización, compensación de gastos terapéuticos y recomendaciones para prevención. Las víctimas acceden a través de un formulario en www.paradarluz.com, y el dictamen final se envía a la autoridad eclesial correspondiente, siendo la CEE o Confer responsables subsidiarias si no se puede realizar.

La comisión asesora está formada por 10 miembros: un representante de la CEE, uno de Confer y ocho profesionales independientes (juristas y terapeutas), que ofrecen su servicio de manera voluntaria. Entre sus funciones, también se incluye la elaboración de documentos y protocolos internos que faciliten la gestión de casos futuros y la formación de los equipos que atienden a las víctimas.

La comisión destaca la importancia de garantizar que cada caso se trate con sensibilidad, transparencia y respeto a la víctima, y busca establecer mecanismos que eviten cualquier forma de revictimización durante el proceso. Además, se contemplan medidas económicas y recomendaciones institucionales para asegurar un seguimiento continuo y la correcta implementación de los compromisos asumidos. El organismo subraya la necesidad de coordinación entre diócesis y congregaciones para asegurar que las reparaciones se realicen de manera efectiva y uniforme en todo el territorio.

La iniciativa también busca concienciar a la sociedad sobre la magnitud del problema y la importancia de ofrecer apoyo integral a las víctimas. Asimismo, la comisión planea evaluar periódicamente los resultados de las indemnizaciones y ajustar los procedimientos según las necesidades detectadas, con el objetivo de mejorar continuamente la respuesta a las víctimas.