El Gobierno regula el uso de la IA frente a los “deepfakes”

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta nueva norma sustituirá a la legislación vigente desde 1982 y será remitida al Congreso para continuar su trámite parlamentario.

Entre sus objetivos principales destaca la regulación de los denominados “true crimes”, obras como libros, películas, pódcasts o programas de televisión inspirados en asesinatos. Con la nueva norma, es irrelevante si el autor del delito busca causar daño u obtener un beneficio económico. Si se afecta el honor, la intimidad o la imagen de la víctima, se considerará una injerencia ilegítima, permitiendo adoptar medidas judiciales o cautelares para suspender la comercialización de cualquier libro, serie de televisión o elemento audiovisual implicado.

Asimismo, se tipifica como ilegítimo el uso no autorizado de la edición de voz o la imagen de una persona con fines publicitarios o comerciales mediante inteligencia artificial ultrafalsos, conocidos como “deepfakes”. Se mantiene el equilibrio con la libertad de expresión y creativa, permitiendo su uso sin mención explícita a la tecnología en contextos claramente satíricos, recreativos o de ficción.

Respecto al uso de las redes sociales, se prohíbe utilizar imágenes de cuentas personales en contextos alejados de su finalidad original, salvo que se limiten a hechos de relevancia pública. Esta restricción busca evitar que las fotografías privadas sean explotadas en plataformas ajenas sin el control de sus titulares.

Edad de consentimiento

En materia de menores, la edad para prestar consentimiento sobre la propia imagen se fija en los 16 años. Sin embargo, el consentimiento de menores de 16 o 17 años no justificará en ningún caso actuaciones que puedan resultar contrarias a su propio interés, manteniéndose como intromisión ilegítima si les perjudica. Con esto se pretende poner un límite legal a la sobreexposición digital y a la explotación de la imagen de los adolescentes en internet.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el Ministerio Fiscal será parte en todos los procedimientos de protección que involucren a menores. Su intervención directa asegurará que el bienestar del menor prevalezca siempre por encima de cualquier acuerdo comercial.

La reforma aborda también el testamento digital para personas fallecidas, permitiendo dejar constancia expresa de la prohibición de usar su imagen o voz con fines comerciales o publicitarios, y obligando a designar a un tercero para estas autorizaciones.

Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el texto se enriqueció durante meses con informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Estado y el Consejo de Consumidores y Usuarios. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que la ley actualiza la normativa para afrontar los retos de las redes sociales y la inteligencia artificial, buscando devolver el control de la imagen a los ciudadanos.