El Gobierno aviva el conflicto médico con el estatuto marco

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que actualiza el marco normativo vigente desde hace más de dos décadas tras casi cuatro años de negociación con los sindicatos.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) alcanzaron un acuerdo para aprobar el borrador del estatuto marco. No obstante, las negociaciones con el Comité de Huelga de los sindicatos médicos continúan sin fructificar, ya que este mantiene su rechazo al texto y sigue con la convocatoria de una quinta semana de huelga nacional.

“El Gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse”, señaló la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En esta línea, Saiz subrayó que las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen del Ministerio: “Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios y, de buena parte, de las condiciones de trabajo de los profesionales”.

Adaptarse a la realidad

Según informó el Ministerio de Sanidad, el nuevo texto tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, “reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos”.

Así, el texto establece que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea. Además, elimina las guardias de 24 horas y establece el límite máximo de 17 horas de trabajo efectivo. Mientras que las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.

Igualmente, se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. Igualmente, el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.

La norma limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años. De este modo, el nombramiento en plazas vacantes tendrá una duración máxima de tres años.

Asimismo, se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad.

“Corresponde a las comunidades implementar estas medidas”

El Ministerio de Sanidad subrayó que la aprobación de este anteproyecto fija los “derechos, garantías y límites básicos comunes” para todo el Sistema Nacional de Salud. Sanidad señaló que “ahora corresponderá a las comunidades autónomas desarrollar e implementar estas medidas a través de sus políticas”.

El anteproyecto de ley del estatuto marco introduce medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.

El documento reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar. Además, se define el concepto de carga horaria excesiva como indicador de intervención organizativa y se refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética. La norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

El anteproyecto de ley del Gobierno inicia ahora el trámite de audiencia e información pública, que permitirá recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de su futura remisión a las Cortes Generales para su debate.