El fundador de Telegram arremete contra Sánchez por su plan para redes sociales y este responde

El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes -gobiernos utilizando la seguridad para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso", ha recalcado Durov.

Sánchez también anunció que el Gobierno prepara un proyecto de reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos.

Para el fundador de Telegram, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de "protección". De esta manera, ha señalado que prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría.

"Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto", ha advertido.

A su vez, advierte sobre cómo los responsables de las plataformas podrían "ir a la cárcel si no se elimina rápidamente el contenido ilegal, odioso o perjudicial". A juicio de Durov, esto "forzará la sobrecensura". "Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo", ha avisado.

En este sentido, el fundador de Telegram también pone el foco sobre cómo estas medidas "convierten en delito" el hecho de amplificar contenido "perjudicial". "Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida-reemplazada por propaganda curada", ha señalado.

Por último, Durov habla sobre cómo las plataformas deben monitorear y reportar cómo "alimentan la división". Por esta parte, ha indicado que las definiciones vagas de "odio" podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas. "Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición", ha avisado.

Moncloa reprocha al fundador de Telegram sus "mentiras" y "ataques ilegítimos"

Moncloa ha reprochado al fundador de Telegram, Pável Dúrov, que haya vertido "varias mentiras" y "ataques ilegítimos" contra el Gobierno después de que pidiera a los españoles estar "vigilantes" y luchar pos sus derechos tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantar medidas para perseguir a las plataformas digitales y a los directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Fuentes de Moncloa han criticado también que el fundador de Telegram haya usado el control "sin restricciones" de la aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España alertando del supuesto "control total" del Gobierno español y de que sus medidas van contra la libertad. "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", han recalcado.

Por su parte, Sánchez ha reaccionado en un mensaje en `X`: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha afeado que "miles de usuarios de Telegram hayan recibido" un mensaje "no autorizado de su dueño" , diciendo que el Gobierno "amenaza las libertades". "No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha escrito en `Bluesky`.

Desde el Ejecutivo han subrayado que el mensaje de Dúrov demuestra, "por sí solo", la "urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil". "Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", han defendido.

El Ejecutivo de Sánchez ha recordado que los problemas en las redes sociales "no son un invento del Gobierno, sino una preocupación generalizada de la ciudadanía". Asimismo, hace mención al último Eurobarómetro, en el que "el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y por los discursos de odio, y el 89% por la concentración de poder en las grandes plataformas y la falta de transparencia de sus algoritmos".

"Lleno de bulos"

Desde el Gobierno también han apuntado que Dúrov "está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves", y la plataforma ha incumplido "de forma reiterada sus obligaciones de control".

Para Moncloa, el fundador de Telegram ha diseñado "deliberadamente una arquitectura de mínima moderación" que ha su aplicación "en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España".

El Gobierno, han reiterado las fuentes, ha vuelto a reprochar que el mensaje enviado por el fundador de Telegram es "un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales". "Está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones", ha denunciado.

También el PSOE, en un comunicado, ha cargado contra el mensaje de Dúrov por "señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático". "Un hecho de extrema gravedad que no puede normalizarse", ha denunciado.