La dependencia contará con 6.200 millones más hasta 2027

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con lo que define como “la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia”, que asciende este año a 2.218 millones de euros adicionales, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre 2026 y 2027, la inversión acumulada alcanzará los 6.200 millones de euros más respecto a los últimos presupuestos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales.

Durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia celebrado en la sede del Imserso, Sánchez destacó que esta medida permitirá cumplir uno de los compromisos centrales de la legislatura: que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en 2027.

Aumento de las cuantías

El presidente explicó que el decreto incrementará las cantidades mínimas que reciben las comunidades autónomas, responsables de gestionar estas prestaciones. Según señaló, las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación, mientras que quienes tengan grado III, considerado el nivel de mayor vulnerabilidad, verán más que duplicado el apoyo económico.

Además, se mantendrá el grado III+, creado hace menos de un año para situaciones de extrema dificultad, como la de pacientes con ELA. El objetivo es reforzar la cobertura de los casos con mayores necesidades asistenciales.

En concreto, las cuantías para el grado III pasarán de 290 a 660 euros mensuales, lo que supone un incremento del 128%. Para el grado II, la ayuda aumentará de 130 a 260 euros al mes, mientras que para el grado I se elevará de 76 a 90 euros mensuales, un incremento del 18%.

Más de 7.200 millones en 2027

Desde el Ministerio de Derechos Sociales detallan que la aportación estatal al sistema alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027. Además, aseguran que esta financiación quedará blindada para el futuro, ya que su modificación solo podría realizarse mediante una norma con rango de ley.

Sánchez defendió que esta decisión culmina una de las transformaciones más importantes del sistema desde su creación. En la actualidad, España cuenta con 1.682.785 personas con prestación efectiva, según los últimos datos publicados por el Imserso correspondientes al 31 de mayo de 2026.

Tres objetivos prioritarios

El jefe del Ejecutivo señaló que la inversión persigue tres metas fundamentales. La primera es reducir las listas de espera, que todavía afectan a 271.556 personas, según los datos de marzo de 2026. De ellas, 152.249 llevan esperando más de seis meses, el plazo máximo fijado por la legislación vigente.

El segundo objetivo es garantizar más y mejores cuidados, aumentando la intensidad de la atención y reforzando los apoyos que reciben las personas dependientes. El Gobierno considera que esta mejora permitirá ofrecer servicios más adecuados a las necesidades de cada usuario.

La tercera meta pasa por dignificar las condiciones laborales de los profesionales del sector, en su mayoría mujeres. Sánchez defendió la necesidad de mejorar salarios, reconocimiento social y estabilidad laboral para quienes trabajan en el ámbito de los cuidados.

Bustinduy: “Un avance irreversible”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, calificó la medida como un paso decisivo para consolidar el sistema de dependencia y garantizar que la financiación estatal alcance en 2027 el 50% del gasto total.

Según explicó tras el Consejo de Ministros, la reforma supone un “avance irreversible” que evita que la dependencia vuelva a convertirse en una variable de ajuste presupuestario. Además, considera que permitirá sentar las bases de un nuevo modelo de cuidados, con recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho efectivo para la ciudadanía.

Bustinduy defendió que el incremento de la financiación contribuirá a fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a responder de forma más eficaz al aumento de las necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento de la población.