El Defensor crea una unidad para los abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo ha constituido la Unidad de Víctimas para la reparación de víctimas de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que estará integrada por 16 expertos.

La unidad se responsabilizará de la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

La institución cumple así con el compromiso adquirido en el Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para poner en marcha el nuevo sistema de reparación.

Según el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, “se ha tratado de reunir a un grupo de personas expertas en diversas disciplinas harán un trabajo serio y riguroso”. Según indicó Gabilondo el día de la firma del protocolo “este sistema trata de reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas, y asegurar la justicia y la reparación efectiva con medidas simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas”.

El protocolo, rubricado en la sede del Defensor del Pueblo por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, desarrolla el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero.

Funcionamiento y plazos

El acuerdo concreta cómo va a funcionar el sistema iniciado el pasado miércoles, con qué plazos y detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las reparaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado, y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación -ya operativa- que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

El Defensor del Pueblo, por su parte, constituye la Unidad de Víctimas que se va a encargar de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes.