Las mariscadoras de Arcade llevan su lucha a los juzgados

Un grupo de trabajadores de la Agrupación de Mariscadoras de a pie de la cofradía de pescadores Virxe do Carme de Arcade presentaron una querella contra el patrón mayor de la entidad, Gonzalo Reinoso, por un delito continuado de prevaricación, administración desleal y de coacciones ante el Juzgado de Instrucción de Redondela.

Las personas querellantes, en el escrito presentado ante la Justicia, señalan que la cofradía “viene padeciendo una situación económica preocupante motivada por la escasez de capturas de los recursos pesqueros” y que, la asociación de mariscadoras “han procurado paliar unas situaciones económicas adversas”.

En el documento afirman que “el patrón mayor querellado siempre ha mostrado disconformidad con la autonomía económica de la que disponían las mariscadoras”, la cual puede gestionar sus propios ingresos de forma paralela a la entidad. “Ante la negativa de traspasar dichos fondos a la cofradía adoptaron otras medidas represivas tendentes a presionar directamente a cada uno de los miembros del colectivo de mariscadores, para así conseguir forzar un traspaso con el fin de saldar ‘una deuda’”, señala el escrito, que incide sobre la devolución de 7.713,75, 237,45 y 6.781,70 euros que aportaron desde la asociación para reparar el buque “Arcade II”, imprescindible para el traslado hasta las zonas de trabajo, y de los costes de vigilancia de los bancos marisqueros.

También inciden en la prohibición, por parte del patrón, de utilizar la embarcación, así como de “imponer y repercutir el pago del importe del IVA de las facturas de la cofradía abonadas, esencialmente, a las mariscadoras de a pie cuando dicha entidad ya deduce dichos importes en su contabilidad, de tal modo que se ha acordado una cuota indebida e ilegal a costa de las mariscadoras de a pie por un concepto incompatible con la normativa del IVA”.

De esta forma, la agrupación de mariscadoras de a pie de Arcade exige al querellado 30.000 euros en concepto de fianza “para atender a las responsabilidades civiles por los hechos incriminados, y en caso contrario se proceda al embargo de sus bienes”.