Deniegan la libertad del autor del crimen de Redondela

Los jueces consideran que persisten los indicios de criminalidad y el riesgo de fuga mientras se espera la celebración del juicio

Imagen de archivo en la que se muestra el lugar del homicidio.
Imagen de archivo en la que se muestra el lugar del homicidio. | Atlántico

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acordaron mantener en prisión provisional a Roberto Carlos G.F., de 49 años, el marinero detenido por la muerte de un hombre en Redondela en febrero de 2025 tras años de enfrentamientos entre ambos.

La defensa de Roberto Carlos solicitó su puesta en libertad el pasado mes de abril alegando el tiempo que lleva privado de libertad, su arraigo personal y familiar, así como problemas de salud, entre los que figuran “los problemas de columna que no le impiedieron llevar a cabo los hechos que se le imputan”. Además, sostuvo que actuó en “legítima defensa”. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares se opusieron a la petición, una postura que finalmente respaldó el tribunal.

La resolución ratifica el criterio adoptado previamente por el Juzgado de Redondela, al considerar que no se han producido cambios en las circunstancias que motivaron el ingreso en prisión. Los jueces señalan además que, durante la instrucción, se han reforzado los indicios de criminalidad y persiste el riesgo de fuga debido a las elevadas penas asociadas a los delitos que se le atribuyen provisionalmente: un asesinato consumado y una tentativa de asesinato.

La defensa rechazó la existencia de riesgo de fuga y argumentó que algunos elementos de la investigación podrían apuntar a una situación de “legítima defensa que reduzca, o incluso elimine, la gravedad de las penas”. No obstante, el tribunal recuerda que esa cuestión deberá analizarse durante el juicio oral y que “no es este el momento procesal para valorar los indicios que han mencionado”.

Por último, los magistrados concluyen que ni el arraigo del investigado ni las dolencias físicas alegadas por su abogado son suficientes para eliminar el riesgo de fuga, por lo que acuerdan mantener la medida de prisión preventiva, haciendose saber que “contra él no cabe recurso”.

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