La justicia da la razón al alcalde de Porriño cuando era concejal

Alejandro Lorenzo recurrió 352.000 euros en facturas a Nexia, que el anterior gobierno había conformado para abonarlas

Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño (PP).
Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño (PP).

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, es hoy el protagonista de una sentencia histórica que además ha sentado jurisprudencia en la defensa del interés público frente a los abusos en contrataciones. En este caso, la empresa Nexia reclamaba al Concello en 2018, el pago de facturas por importe total de 352.000 euros, ya conformadas y en proceso de pago por orden del anterior gobierno (PSOE). Sin embargo, siendo concejal, Lorenzo decidió personarse como codemandante y llevar el caso a los tribunales hasta sus últimas consecuencias. Y ahora, casi siete años después, la Justicia le da la razón al hoy alcalde, porque “ninguna de las facturas era legítima” puesto que no existía contrato alguno que amparase los pagos que tampoco estaban debidamente justificados, ni su veracidad. Y a pesar de que, tanto la empresa como el entonces gobierno local, argumentaron que como concejal “no tenía derecho a personarse en la causa”, Alejandro Lorenzo decidió defender su legitimidad y la de su grupo (PP), para actuar y a la vez defender la improcedencia de dichos pagos en diferentes procesos de reclamación existentes en la administración local del Concello do Porirño. 

Ahora, la Justicia, al que hoy es el alcalde de O Porriño, le dio la razón por partida doble. No solo reconociendo su derecho a personarse como codemandante (siendo concejal del grupo popular en la oposición), sino que también determinó –después de examinar las pruebas-,“que no procedía el pago de tales facturas; que no existía contrato, ni tampoco se acreditaba la veracidad de los trabajos realizados, y que los precios no eran acordes con el mercado”. Esta sentencia, no solo evitó el pago indebido de 352.000 euros, sino que fue clave para la devolución de casi 2,5 millones de euros en facturas que el anterior gobierno pretendía pagar sin garantías. “Unha vitoria para a legalidade, a transparencia e a boa xestión dos recursos públicos, que marca un precedente fundamental para evitar prácticas irregulares no futuro”, señalan desde la Alcaldía de O Porriño, muy satisfechos con el fallo judicial.

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