Informan a Inspección de la situación vulnerable de Teresa

Concentración en la mañana del viernes en las puertas del Concello de Vigo convocada por la CIG. | J.V. Landín

Teresa de Jesús González, asesinada con 48 años, cuando acudía a trabajar como empleada del Servicio de Axuda no Fogar en O Porriño, era una empleada especialmente vulnerable que requería por tanto de “seguimiento”. El sindicato de la empresa adjudicataria, CIG, que se personará en la causa, remitió un informe a Inspección de Trabajo en el que hacemención a la discapacidad intelectual de la víctima, lo que elevó su desprotección frente a ua vivienda de riesgo como era la de Atios, en la que ya había vivido el día anterior a su muerte una situación de acoso sexual, que había notificado a la empresa.

Ella no había comentado nada a sus compañeras para no ser estigmatizada, según sus allegados, si bien no se ha podido confirmar si estaba contratada por la cuota con personas con discapacidad, ya que la empresa ha mantenido silencio ante la consulta de este diario.

Lo que sí se sabe es que Teresa había sufrido un episodio de gran ansiedad a raíz del incidente ocurrido con su presunto asesino el día anterior y que, aunque informó de lo ocurrido y de que no quería ir a la casa el día en el que la mataron, finalmente fue y además sin acompañamiento.

El alcalde de Porriño, durante la rueda de prensa tras el crimen, aseguró que el Concello tenía constancia de que Teresa quería dejar de atender esa vivienda pero que no especificó la causa y la propia adjudicataria del SAF habría trasladado en su informe la falta de claridad en los hechos, sin tener en cuenta las circunstancias de la víctima, agravadas por el estrés del episodio. Para los sindicatos que representan a las trabajadoras de estos servicios municipales, podría haber una negligencia por parte de los responsables del servicio, de ahí que tanto CIG como CCOO hayan mostrado su intención de depurar responsabilidades y llegar hasta el final de lo que calificaron como “una muerte anunciada”.

La desprotección denunciada por las trabajadoras de los SAF se multiplicó en el caso de Teresa, que nunca había notificado incidente alguno.