El turno de oficio alerta de sobrecarga y falta de medios
Pontevedra
Abogadas del partido judicial de Pontevedra aseguran que su situación de precariedad, junto a un aumento de casos, pone en riesgo el sistema de asistencia jurídica gratuita
Los abogados del turno de oficio de Pontevedra alertan de falta de recursos y cargas de trabajo desproporcionadas ante el aumento de colectivos beneficiados, la escasez de medios e incremento de casos en las secciones civil y mercantil.
El colectivo quiso visibilizar ayer en La Peregrina la importancia de su trabajo y dar a conocer su situación a través de las letradas miembros de la Plataforma Dignidade Avogacía. Las abogadas Salomé Cancela y María García Moldes explican que están en una situación de precariedad que, aseguran, pone en riesgo la continuidad del sistema de asistencia jurídica gratuita y con ello el derecho a la tutela judicial efectiva.
Salomé Cancela afirma que “al haber tantos colectivos beneficiados como son todas las víctimas de violencia de género y sexual, extranjería y trabajadores con independencia de su ingreso, a nosotros se nos ha triplicado el trabajo y estamos dedicando muchísimo tiempo en la justicia gratuita y eso no se nos paga ni se nos cotiza. Tenemos que estar 24 horas disponibles por el módico precio de cero euros”. María García añade que “el promedio que nos pagan por asunto judicial son 155 euros y, a lo mejor, hay pleitos que llevan años. Te hacen un pago por pleito, pero no por cada actuación que hagas, así que hay recursos que no te los pagan”.
La letrada afirma que “nosotros asistimos a un detenido. Damos lo mejor de nosotros y se nos paga por esa asistencia, pero toda la instrucción que pueda necesitar como testificales o periciales no se abonan y eso se hace muy difícil”.
El Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra cuenta con 470 abogados del turno de oficio, de los que unos 120 asisten en el partido judicial de Pontevedra y con bajas cada vez mayores, según Dignidade Avogacía. “En el último año se dieron de baja un centenar”, afirma Gema, otra de las letradas.
Por todo ello, solicitan que se les reconozca su trabajo como un servicio público, “igual que la sanidad pública y que se nos reconozca con un estatuto especial, como a los demás servicios públicos de la administración”, afirma Salomé Cancela.
Las letradas aseguran que en una guardia actual pueden llegar a atender hasta cinco asistencias y ya tienen una media de unos 25 pleitos al año y, en casos complejos, la duración de la asistencia se puede alargar dos años como en situaciones del ámbito familiar o de menores.
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