Cuando inauguramos la estafa internacional de 2008 algunos países decidieron cobrar a sus ciudadanos por circular por las vías de alta capacidad. Esto es, lo que en España llamamos autovías y carreteras nacionales. Uno de ellos fue Portugal y quienes tenemos el placer de viajar a sus ciudades o cruzar hacia el sur español nos vimos atrapados en un complicado sistema de prepagos en gasolineras y otras burocracias. Se dijo que Europa pondría coto al afán o necesidad recaudatoria del Gobierno luso. Sin embargo la UE se encogió de hombros. Y los foráneos seguimos transitando por las mismas infraestructuras sin hacer caso a esos pagos, seguramente expuestos a unas multas que nunca llegan. A los nativos no sé cómo les va.
Ahora ese sistema ha saltado a la palestra en España. El gobierno de Pedro Sánchez lo ha dejado caer en la bandeja de los compromisos con Europa. De momento, parece que solo se trata de una intención, pero ya sabemos que las intenciones recaudatorias se cargan en las pistolas de los ministerios de Economía y Hacienda. Sus tiros, por lo general, no yerran y los palomos que caen en el zurrón somos siempre los mismos. En este caso los transportistas y quienes trabajan y viven en las carreteras por pura necesidad. Los turistas harán como nosotros en Portugal y a los viajeros por placer poco habrá de suponerles unos euros más o menos en el desplazamiento.
Ese es el primer capítulo de la historia. El segundo es el del perro ladrador habitual. Esto es, la oposición política. El PP de Pablo Casado no ha gastado un kilómetro para calificar la propuesta como un “sablazo a los españoles” sin escarbar unos centímetros en las intenciones del gobierno de Rajoy, ya que la ministra de Fomento, Ana Pastor, en 2012 puso sobre la mesa del consejo de ministros esta misma intención, que no maduró hasta febrero de 2012 siendo ministro, también del PP, Iñigo de la Serna. Según su informe para aprobación, los peajes entrarían en vigor este año 2021. La moción de censura de Sánchez dio al traste con el impuesto del que nada había trascendido.
De la Serna pretendía cobrar a los camiones 6 céntimos por kilómetro de recorrido, a los coches 2 céntimos. Confiaba en obtener una recaudación anual de unos 2.700 millones de euros. A todas luces un impuesto por encima del doble de la intención confesada por José Luís Ábalos, ministro del PSOE. Además, por los papeles archivados del mandato de Rajoy, hoy sabemos que la norma se pretendía ampliar a toda la red de carreteras para evitar la deserción del uso de las autopistas de peajes y de las autovías, lo que incrementaría insensatamente el tránsito por las redes secundarias del transporte pesado.
A mí, como seguramente a usted, me fastidia muchísimo pagar por transitar por las autopistas. Especialmente en Galicia donde la AP-9 ya estaría libre de peaje si José María Aznar no les hubiera dado una propina de cobros ascendentes hasta 2048, cuando ya estaba amortizada la obra y producía pingües beneficios al accionariado. Por tanto, me fastidiará muchísimo que un gobierno socialista caiga en esta trampa privatizadora de un servicio público esencial. Y digo trampa porque a las primeras de cambio, cuando el pago esté asumido por la ciudadanía, no faltará un gobierno de derechas que le conceda la gestión a cualquier multinacional amiga.
Yo propongo un impuesto que ningún político estará dispuesto a aprobar. Sugiero un peaje a la hipocresía de quienes hoy protestan por lo que ayer proponían y viceversa.
Ahora ese sistema ha saltado a la palestra en España. El gobierno de Pedro Sánchez lo ha dejado caer en la bandeja de los compromisos con Europa. De momento, parece que solo se trata de una intención, pero ya sabemos que las intenciones recaudatorias se cargan en las pistolas de los ministerios de Economía y Hacienda. Sus tiros, por lo general, no yerran y los palomos que caen en el zurrón somos siempre los mismos. En este caso los transportistas y quienes trabajan y viven en las carreteras por pura necesidad. Los turistas harán como nosotros en Portugal y a los viajeros por placer poco habrá de suponerles unos euros más o menos en el desplazamiento.
Ese es el primer capítulo de la historia. El segundo es el del perro ladrador habitual. Esto es, la oposición política. El PP de Pablo Casado no ha gastado un kilómetro para calificar la propuesta como un “sablazo a los españoles” sin escarbar unos centímetros en las intenciones del gobierno de Rajoy, ya que la ministra de Fomento, Ana Pastor, en 2012 puso sobre la mesa del consejo de ministros esta misma intención, que no maduró hasta febrero de 2012 siendo ministro, también del PP, Iñigo de la Serna. Según su informe para aprobación, los peajes entrarían en vigor este año 2021. La moción de censura de Sánchez dio al traste con el impuesto del que nada había trascendido.
De la Serna pretendía cobrar a los camiones 6 céntimos por kilómetro de recorrido, a los coches 2 céntimos. Confiaba en obtener una recaudación anual de unos 2.700 millones de euros. A todas luces un impuesto por encima del doble de la intención confesada por José Luís Ábalos, ministro del PSOE. Además, por los papeles archivados del mandato de Rajoy, hoy sabemos que la norma se pretendía ampliar a toda la red de carreteras para evitar la deserción del uso de las autopistas de peajes y de las autovías, lo que incrementaría insensatamente el tránsito por las redes secundarias del transporte pesado.
A mí, como seguramente a usted, me fastidia muchísimo pagar por transitar por las autopistas. Especialmente en Galicia donde la AP-9 ya estaría libre de peaje si José María Aznar no les hubiera dado una propina de cobros ascendentes hasta 2048, cuando ya estaba amortizada la obra y producía pingües beneficios al accionariado. Por tanto, me fastidiará muchísimo que un gobierno socialista caiga en esta trampa privatizadora de un servicio público esencial. Y digo trampa porque a las primeras de cambio, cuando el pago esté asumido por la ciudadanía, no faltará un gobierno de derechas que le conceda la gestión a cualquier multinacional amiga.
Yo propongo un impuesto que ningún político estará dispuesto a aprobar. Sugiero un peaje a la hipocresía de quienes hoy protestan por lo que ayer proponían y viceversa.
