Violencia institucional

A ningún responsable político, ya sea de un gobierno local, autonómico o central, le gusta que haya crímenes. A los ciudadanos, mucho menos. Hablar de muerte violenta es ‘mentar a la bicha’, como si de repente el peso de lo que está en la mente de un asesino recayera sobre unas fuerzas y cuerpos de Seguridad mermadas en medios. Como si la prioridad no estuviera en el sufrimiento detrás de un acto violento. Por eso, cuando una autopsia, como la realizada el otro día a la mujer hallada muerta en una vivienda en Porriño, determina una muerte natural, se intuye el aliento de alivio en todos y cada uno de los que se apresuran a acudir al lugar de los hechos, a decretar días de luto o a guardar minutos de silencio, si fuera el caso. Antes de que cunda el pánico y las estadísticas hagan tambalear esas tasas de criminalidad basadas en fríos números y no en las historias que hay detrás, se llega incluso al precipicio, estigmatizando si es preciso y, en suma, somentiendo a otra violencia, la institucional, a una víctima. Puede que María del Sol muriera de un derrame cerebral, pero su cuerpo también dejó constancia de que alguien le hacía daño. No se investigará. Da igual si la asesinaron o no porque su fallecimiento constató que las políticas para los ciudadanos, las que más importan, ni funcionan ni son prioritarias. No lo son las que gestionan la ayuda en el hogar, precarizada y sin protocolo, ni las de atención a la salud mental, ni mucho menos la protección de los más vulnerables.