Fernando Ramos
La manipulación política de la denuncia contra Suárez
A comienzos de año, el PNV hizo saber que, dada la buena disposición al respecto de Pedro Sánchez, confiaba en que, “mediante la negociación política”, o sea, el pacto o mejor dicho, “do ut des”, este año de 2022 significara el fin definitivo de la dispersión por el territorio del Estado español de los presos de ETA, a fin de reunirlos a todo, como se acordó que se haría poco a poco, desde que en noviembre del pasado año le fueron transferidas las prisiones. De momento, entre los 13 presos que serán trasladados de inmediato figuran dos de los más celebres asesinos despiadados. Como en otras ocasiones, desde el PSOE, para justificar este traslado se ha recurrido a recordar los que se realizaron por Gobierno del PP, obviando que en este caso media además un pacto político con otras contraprestaciones de una y otra parte. Aparte de aquello de que pactar con Bildu era una línea roja intraspasable (“Y los socialistas somos de fiar”, Carme Calvo dixit).
Ha sido expresiva la llamada “Plataforma de apoyo a los presos de ETA, SARE”, que todavía hace unos días comunicó que confía en que el PSOE impulsará en el último año de la legislatura de Pedro Sánchez el acercamiento a cárceles del País Vasco y de Navarra de todos los presos de la banda. Y por si acaso, elaboró su propio programa de movilizaciones. El trato con el Gobierno de progreso en orden a ese objetivo final lo lidera el ex consejero vasco Joseba Azkarraga, quien entiende que una vez reunidos en Euskadi, su gobierno debe ser más decidido en orden a la aplicación a los etarras del tercer grado que facilita el cumplimiento de sus condenas en libertad. En ello andan. El interlocutor de Azkárraga, en orden de cumplir los compromisos de Sánchez, es el secretario general de Instituciones Penitenciarias Luis Ángel Ortiz, con quien mantiene una cordialísima relación. De momento, ya van más de 100 los terroristas de la banda que han sido acercados al País Vasco. Lo más curioso es que, dentro de las medidas de reinserción de los etarras, figura la realización de cursos de jardinería, lo cual, sin duda, es una acertada medida al cambiar la pistola por el rastrillo. Y los frutos son evidentes. El 8 de octubre está convocada en la capital de Guipúzcoa una gran manifestación para el respaldo definitivo al objetivo de que todos los presos de ETA sean enviados a alguna de las prisiones del País Vasco y Navarra para establecer su salida de la cárcel al obtener el tercer grado que les permita cumplir sus condenas en regímenes de semi libertad. En aquella comunidad se ha puesto en marcha el llamado “Modelo penitenciario vasco”, específico de momento para los etarras y no para los presos comunes. El PNV ha rechazado, desde el Gobierno, 300 peticiones de estos últimos, pues las medidas graciables sólo se aplican a los terroristas de ETA, de suerte que la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal Albeniz, firma sucesivas concesiones de autorizaciones a etarras (van 23, de momento), para que abandonen la cárcel con total comodidad. Las protestas y recursos de las asociaciones de víctimas del terrorismo no han sido atendidas. Se está llegando al extremo de que desde Euskadi se ha tramitado el traslado al sistema penitenciario del Estado de presos extranjeros para acomodar cerca de casa a los miembros de ETA. Los últimos traslados de los dirigentes de ETA 'Txapote' y Mobutu y el pistolero Henri Parot demuestran que el proceso se ha acelerado y que Otegui podrá cumplir su promesa y objetivo de que este año congregue a sus ex camaradas en Euskadi, como primera paso para salir a la calle, cuya lista de espera inmediata anota a algunos criminales notables, de los beneficios del modelo penitenciario vasco, del que ya se beneficiaron los jefes históricos de ETA como José María Dorronsoro y José María Arregi Erostarbe “Fiti”. Los presos vascos son visitados regularmente y se reúnen con los parlamentarios Julen Arzuaga y Jon Iñarritu que son una especie de comisionados para velar porque los presos se hallen cómodos y atender sus quejas. Pese a su nulo arrepentimiento no colaboración para aclarar los más de 300 asesinatos impunes, el Gobierno vasco tiene una manga muy ancha y aplica con largueza el reglamento penitenciario, dando por bueno el deseo de inserción de estos penados (y no de otros). A comienzos de este año, de los 1.365 internos en las prisiones de Euskadi, 83 eran de ETA, cifra ya incrementada. Según el Gobierno vasco, estos últimos son tratados "sin distinciones con el resto de internos”, lo cual es incierto. En resumen, en estos momentos, gracias a la buena disposición de Sánchez, voces del PNV, como la parlamentaria Irune Berasaluze insisten en que el asunto de los presos siga siendo un paquete dentro de la negociación política con el Gobierno, aspecto a combinar con las movilizaciones previstas. Y en ese sentido, desde Cataluña le llueven los apoyos, como el de Elisenda Paluzie, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y dice que, tras la desaparición de ETA, sin más, se deben poner en libertad a todos los presos. Ya andan en ello
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