La propiedad privada, en almoneda

El derecho a la propiedad privada vuelve al centro del debate político tras la decisión adoptada el miércoles por el pleno del Congreso de los Diputados, que tumbó el decreto con el que el Gobierno pretendía prorrogar la prohibición de los desahucios vigente desde la pandemia del COVID-19. La medida, aprobada en su día como respuesta excepcional a una crisis sanitaria y económica sin precedentes, se ha convertido para muchos propietarios en un auténtico calvario, obligándoles a convertirse en el real escudo social del que tanto habla el Gobierno.

A pesar de las denuncias y advertencias, el Ejecutivo ha ido encadenando prórrogas que han vaciado de contenido el derecho constitucional a la propiedad privada. El rechazo parlamentario supone un revés político de calado y un balón de oxígeno para quienes consideran que el equilibrio entre la protección social y los derechos individuales está roto. A pesar de ello, el Gobierno mantiene su intención de volver a llevar la medida al Congreso, veremos en qué forma, porque si persiste en vincularla a otras medidas, el fracaso podría repetirse, ya que la aritmética es tozuda. Entre las plataformas de afectados se respira una satisfacción contenida. Celebran el resultado, pero desconfían. Temen que la iniciativa regrese por otra vía y que, en la práctica, nada cambie y miles de pequeños propietarios sigan soportando una carga económica y emocional enorme.

Fuentes judiciales advierten de que los juzgados acumulan miles de expedientes. La cifra de casos pendientes, según distintas estimaciones, podría superar los 60.000 por lo que tardarían años en resolverse, incluso si se desbloquean las limitaciones actuales. Persiste, además, la incertidumbre de que los casos iniciados bajo la normativa anterior sigan su curso, lo que prolongaría la sensación de indefensión. El punto más controvertido es sin la consideración de vulnerabilidad. Las asociaciones denuncian que miles de personas se declaran vulnerables sin que exista un seguimiento efectivo por parte de las administraciones y que de acreditarse tal situación, debería ser el Estado quien garantice alternativas habitacionales, y no los particulares quienes asuman la función de "escudo social".

Muchos propietarios relatan que, además de dejar de percibir rentas, tienen que afrontar el pago de suministros y gastos comunitarios, así como daños en sus viviendas. Es lamentable que el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución, haya quedado subordinado de facto a una política social que no siempre distingue entre necesidad real y abuso. La magnitud de la injusticia ha trascendido el ámbito nacional. Desde la Unión Europea recuerdan que la propiedad privada es un derecho fundamental y que la ocupación ilegal constituye un factor de inseguridad jurídica y económica. También la Eurocámara ha instado a España a garantizar la protección de los propietarios y el respeto a las órdenes judiciales de desahucio.