No es lo mismo, claro

La AP-7, una circunvalación en torno a Alicante, en el arco del Mediterráneo, contaba con una concesión otorgada hasta 2040, pero la empresa que gestionaba la autopista quebró y el Estado se hizo cargo directamente. Después de un período corto de pruebas, la AP-7 perderá la “p” y será una autopista sin peaje.

También quebró la primera concesionaria de la AP-9, por lo que el Estado se vio igualmente obligado a rescatar la autopista para a continuación volver a ponerla en manos privadas a través de Audasa, empresa ahora propiedad de fondos inversores de Holanda y Suiza. No solo entregó la explotación a Audasa, sino que le dio tres concesiones, la inicial y dos más, hasta 2048, siendo estas dos últimas declaradas ilegales por la Comisión Europea.

Así que son situaciones parecidas, pero con resultados finales bien distintos. Mientras esta semana celebraban los alicantinos, como es lógico, el final del peaje, en Galicia, sin novedad en el frente. El Gobierno ha decidido no hacer caso a Bruselas y mantener el contrato a través de maniobras dilatorias, en lugar de convocar otro concurso o hacer lo mismo que en el Mediterráneo, anulando el peaje. Óscar Puente, que habría podido ser un buen ministro, pero al que su personaje ha devorado, mantiene que para las arcas del Estado sería inasumible pagar más de 6.000 millones a Audasa para zanjar el contrato. Nadie sabe de dónde saca esa cifra tan contundente, que ha ido variando según pasa el tiempo. De hecho, la Xunta realizó un estudio que presentó donde considera que la cifra final sería menos de la mitad, unos 2.300 millones. E incluso hay otro informe pagado por el BNG donde el coste total de la operación sería muy inferior, unos 900 millones. Cierto que el Gobierno no puede plantearse ahora abonar miles de millones a una compañía porque entre otras cosas, carece de Presupuestos y ya van tres años, toda la legislatura. Aunque esa es otra historia. O quizá no.