La ley de amnistía a la carta con la que el Estado español –no solo su presidente y su Gobierno- van a premiar las andanzas de un grupo de rebeldes que no solo han atentado contra la unidad del país sino que han prevaricado y estafado al resto de sus compatriotas, está a punto de adquirir capacidad bastante para ser puesta en práctica. Los que van a ser perdonados de todos sus delitos van a hacer borrón y cuenta nueva no solo en lo que hace referencia a sus actuaciones políticas y sociales –estuvieron a punto de matar a tres policías, arrasaron las calles, secuestraron trenes, metros y autobuses, demolieron propiedades públicas y privadas, amenazaron, vejaron, insultaron, agredieron, tomaron por asalto…- sino en actuaciones estrictamente conectadas con la delincuencia económica que es incluso más difícil, desde el punto de vista legal, de disculpar. La banda de Puigdemont ha robado millones al erario público aunque puestos a perdonar también se perdonará esto incluso sabiendo que a todos los españoles semejante sangría nos sale uno por uno de nuestro bolsillo y nos va a hacer más pobres por la vía del saqueo,
Suponiendo que esta felonía pueda sustanciarse definitivamente y condone el expediente delictivo de un club de hampones que se han gastado nuestro dinero a manos llenas en nombre de la independencia del Estado de Cataluña, se me ocurre pensar por qué a la pandilla de corruptos que se ha llevado los dineros en mordidas por mascarillas defectuosas, compras y ventas ilegales, comisiones, mediaciones y sobreprecios y otras situaciones similares, cuyo centro de reunión era la popular marisquería “La Chalana”, puede tenerse el cuajo de negarles un trato de idéntico nivel. Incluso podría sugerirse la posibilidad de que no sean juzgados, como propuso el ministro de Trasportes Óscar Puente hace un par de semanas, cuando se le ocurrió la brillante idea de apoyar su entusiasta respaldo a la amnistía apelando a la posibilidad de ahorrar trabajo a los jueces cuyo calendario laboral es muy exigente y necesite que se les libere de cargas. Si semejante rosario de disparate los pronuncia un ministro y no ocurre nada, la concesión de una Amnistía a la carta, es una anécdota más. Que no nos pase nada.
Suponiendo que esta felonía pueda sustanciarse definitivamente y condone el expediente delictivo de un club de hampones que se han gastado nuestro dinero a manos llenas en nombre de la independencia del Estado de Cataluña, se me ocurre pensar por qué a la pandilla de corruptos que se ha llevado los dineros en mordidas por mascarillas defectuosas, compras y ventas ilegales, comisiones, mediaciones y sobreprecios y otras situaciones similares, cuyo centro de reunión era la popular marisquería “La Chalana”, puede tenerse el cuajo de negarles un trato de idéntico nivel. Incluso podría sugerirse la posibilidad de que no sean juzgados, como propuso el ministro de Trasportes Óscar Puente hace un par de semanas, cuando se le ocurrió la brillante idea de apoyar su entusiasta respaldo a la amnistía apelando a la posibilidad de ahorrar trabajo a los jueces cuyo calendario laboral es muy exigente y necesite que se les libere de cargas. Si semejante rosario de disparate los pronuncia un ministro y no ocurre nada, la concesión de una Amnistía a la carta, es una anécdota más. Que no nos pase nada.
