El Congreso frena el disparate

Votar en contra también es hacer política y es lo que ocurrió el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, al tumbar los dos reales decretos -ley en materia de vivienda en alquiler aprobados por el Consejo de Ministros, ya que estas normas lejos de aliviar el problema, lo iban a agravar-. Una cosa es proteger a quien necesita una vivienda y otra convertir al propietario en responsable de resolver una emergencia social que corresponde afrontar a las Administraciones. El mercado inmobiliario responde a una lógica sencilla: si alquilar implica asumir más riesgos, habrá menos propietarios dispuestos a hacerlo. Las dificultades para recuperar la vivienda ante impagos u ocupaciones, la incertidumbre al finalizar el contrato o los límites a la actualización de la renta reducen la oferta.

La experiencia reciente lo confirma. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y otras medidas intervencionistas, muchas viviendas han salido del alquiler tradicional o se han trasladado a fórmulas más seguras para el propietario, como la venta o los contratos temporales. Además, normas como éstas expulsan a los que se dice querer proteger, como personas vulnerables, jóvenes o trabajadores con bajos recursos y ampara a trabajadores con ingresos elevados o trabajos seguros como, por ejemplo, los funcionarios. Es la reacción lógica a una inseguridad jurídica que las Administraciones deberían corregir, no agravar.

El episodio de estos días a cuenta de Maricarmen, a la que por cierto estos decretos no iban a solucionar su problema, resulta revelador. Desde que se publicó en el BOE el primer decreto, más de 2.000 viviendas habían desaparecido de las plataformas de alquiler en Madrid. El mensaje recibido por los propietarios ha sido claro: alquilar es cada vez más arriesgado y puede que en muchos persista ese miedo, a pesar de que el Congreso haya tumbado ambas normas. Tampoco ayuda la simpleza e injusticia de calificar como buitres a los millones de propietarios de viviendas conseguidas tras años de trabajo y ahorro para complementar su jubilación, afrontar gastos médicos o ayudar a sus hijos. Ni el problema se resuelve enfrentando a propietarios e inquilinos, sino construyendo viviendas. España ha recibido millones de extranjeros y se forman decenas de miles de hogares cada año. Pretender atender esa demanda con menos de 100.000 viviendas anuales es imposible. El Banco de España habla de un mínimo de 1 millón en el corto plazo. Y eso solo se logra liberando suelo, reduciendo burocracia, ofreciendo seguridad jurídica y bajando impuestos. Ahora toca, abandonar la propaganda y atender el principal problema de los ciudadanos.