La igualdad de género es un derecho humano fundamental y es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Las mujeres somos el 51% de la población y garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos debe convertirse en la primera obligación de todas las Administraciones Públicas. Lograr una provincia más justa e igualitaria es un mandato legal, que además nos convertirá en un territorio más fuerte y competitivo al aprovechar las ideas, el talento y los proyectos del conjunto de la ciudadanía y no solo de la mitad dominante hasta ahora.
Apostar por la incorporación del talento femenino a las instituciones, organizaciones profesionales y empresas es la decisión más inteligente. Las mujeres son mayoría entre las personas con titulaciones superiores y logran siete de cada diez premios fin de carrera. El “Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico’ editado por el Ministerio de Economía advierte que la brecha de género ocasiona una pérdida de riqueza en España equivalente al 15% del producto interior bruto (PIB). Es decir, tenemos delante un inmenso potencial que no estamos dejando volar.
Los datos reflejan que las tituladas universitarias tienen peor inserción laboral que los hombres: más tasa de paro, más precariedad y peores salarios. Y por este motivo las Administración Públicas debemos ser motor de cambio promoviendo las vocaciones científicas en las niñas y jóvenes, eliminando estereotipos de género en la educación temprana y fomentando un reparto equilibrado de los cuidados en el ámbito doméstico que mayoritariamente recaen sobre las mujeres.
Ninguna causa objetiva puede explicar que, teniendo los mejores expedientes académicos, las mujeres solo ocupen un 16% de los puestos directivos en las principales empresas del país, que en ocho siglos de historia de la universidad solo hayamos tenido 20 rectoras, que solo 15 mujeres tengan voz en Sala de Gobierno del Tribunal Supremo o que haya una única representante en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Estamos ante la denominada tijera de la desigualdad, que limita la presencia femenina en los escalafones más altos de las organizaciones y se reproduce en casi todos los sectores económicos, desde el pesquero hasta la industria cultural, la judicatura, la universidad o los propios medios de comunicación. Las mujeres son mayoría ejerciendo cada vez más profesiones, pero su representación es mínima en los órganos decisorios que sientan jurisprudencia, establecen las reglas de juego financiero o fijan las prioridades de inversión.
Es tarea común romper con este injusto techo de cristal al que se sigue enfrentando el talento femenino en pleno 2020 y hay que empezar corrigiendo la inadmisible brecha salarial del 23% que genera graves situaciones de desigualdad durante toda la vida laboral de la mujer y se acentúa a la hora de la jubilación.
¿De verdad puede una provincia o todo un país permitirse arrinconar la mitad de su talento? En la Diputación de Pontevedra tenemos claro que no y trabajamos en los colegios y en el ámbito universitario para dotar de referentes femeninos a las futuras generaciones de mujeres, ayudamos a visibilizar el talento de las mujeres artistas y alentamos los proyectos de emprendimiento de las pontevedresas a través de nuestro coworking de Barro y las oficinas de SmartPeme.
Es urgente que toda la sociedad tome conciencia de la situación de desigualdad que todavía padecemos las mujeres en el ámbito laboral y que nos impliquemos de forma decidida y sin tibiezas para combatir con datos oficiales los bulos que desde posiciones extremistas tratan de menoscabar el trabajo del movimiento feminista y ponen en cuestión nuestra lucha contra injusticias históricas o la necesidad de seguir defendiendo el ejercicio de nuestros derechos con total libertad y seguridad.
(*) Presidenta de la Diputación de Pontevedra.
