El problema del tráfico en las playas sigue en punto muerto

La delimitación de núcleos del Concello no gusta a la Subdelegación. La Policía Local se niega a asumir funciones de la Guardia Civil

La Guardia Civil con la alcaldesa de Cangas en la anterior Junta Local de Seguridad.
La Guardia Civil con la alcaldesa de Cangas en la anterior Junta Local de Seguridad.

Si los vecinos de la parroquia de O Hío confiaban en que la Junta Local de Seguridad celebrada ayer iba a ser la solución definitiva al problema de tráfico en las playas, especialmente durante los meses de verano, la realidad es bien distinta. Todo sigue igual y así continuará a corto-medio plazo. El Concello de Cangas envió el pasado mes de agosto a la Subdelegación del Gobierno una delimitación de núcleos para que pudiera estudiarla como paso previo a dar carpetazo en el próximo encuentro (el que tuvo lugar ayer) al conflicto de cada verano y que Policía Local y Guardia Civil tuvieran claras sus áreas de actuación en materia de tráfico. Así lo vendieron ambas administraciones el pasado mes de junio, pero ayer, tras un debate a puerta cerrada, a su salida nadie quería hablar claro y el tema trataba de esquivarse aprovechando la incorporación de Cangas al sistema VioGén o haciendo alusión a los disturbios por la subida de la basura.

La Subdelegación se limitó a anunciar la creación de una comisión de trabajo entre ambos departamentos de seguridad pero no profundizó en el asunto ni tampoco expuso cuáles son los puntos de desacuerdo. La alcaldesa, Araceli Gestido, tampoco precisó cuáles son los tramos más discordantes, tan solo animó a “seguir traballando” ante la “boa predisposición” de ambas partes para lograr un “acuerdo”. Considera que “todas as partes ten razón” pero es importante que la coordinación sera “mellor”. Así, el gobierno local tiene previsto “coller outros acordos asinados noutros concellos”, reconociendo que la única situación “anormal” es la que se está produciendo en Cangas.

La Policía Local, que el año pasado se negó a controlar el tráfico en los viales del rural competencia de la Guardia Civil, no está dispuesta a asumir responsabilidades que no le corresponden, máxime cuando el beneficio económico no es para las arcas municipales sino para las estatales. Durante los meses estivales se vieron obligados a asumir todos los trámites administrativos derivados del servicio de grúa que el Concello de Cangas puso a disposición de la Subdelegación para retirar aquellos vehículos que podía suponer un riesgo para circulación o la actuación ante cualquier emergencia

Dos policías locales coordinarán el programa VioGén en Cangas

Cangas da los pasos para adherirse al sistema integral de protección de las víctimas de violencia de género, VioGén. Para ello, dos agentes de la Policía Local han sido designados para coordinar y gestionar los casos de menor gravedad que puedan surgir en el municipio, en colaboración con la Guardia Civil. Así se ha acordado en la Junta Local de Seguridad de ayer, donde la Subdelegación dio cuenta de que actualmente haya 57 casos activos en el municipio, de los cuales uno está en riesgo extremo, 9 en medio y 47 en bajo.

Además, hay 37 órdenes judiciales de alejamiento en vigor, 5 víctimas cuentan con teléfono Atempro (dispositivo que acerca el Ministerio de Igualdad y entregan los Servicios Sociales a las víctimas de violencia de género y/o sexuales) y una víctima está protegida por dispositivo Cometa. El Concello de Cangas recibe actualmente 12.216 euros anuales del Pacto de Estado de Violencia de Género. Unos fondos que la alcaldesa, Araceli Gestido, destaca siempre se acaban invirtiendo en programas enfocados a reducir esta lacra social.

También existe preocupación por otro problema social, el del acoso escolar. En este sentido, se planteó poder acercar las sesiones del denominado Plan Director los padres. Se trata de charlas en los centros escolares dirigidas a los progenitores con el finde educar y poderles dar herramientas para detectar posibles casos de acoso en sus hijos, al tiempo que evitar el perfil de acosador.

Un sistema de prevención que también se extiende a las personas de edad avanzada a través del Plan Maior para reducir los casos de estafa o ciberdelincuencia.

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