Intervención alerta del abuso de contratos menores en 2025

El Concello de Cangas arrastra una práctica sistemática de gasto mediante contratación menor que, según el informe resumen de la función interventora de 2025, presenta indicios de fraccionamiento del gasto público para evitar los procedimientos de licitación exigidos por la ley.

El documento, remitido a la Alcaldía para su traslado al Pleno y a la Intervención General del Estado, recoge que durante 2025 se emitieron 416 informes de fiscalización, de los cuales 191 incluyeron reparo y 36 correspondieron a expedientes con omisión de fiscalización previa.

Uno de los puntos más críticos del informe es el relativo a la contratación menor, donde Intervención advierte de una “ausencia total de procedimiento” en numerosos casos: llegan al Concello facturas de gastos que no tuvieron propuesta previa ni retención de crédito. Para ejemplificar esta situación, el interventor cita un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que considera prácticas similares como contratación verbal, algo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público y que podría provocar la nulidad de los actos administrativos afectados.

El informe también señala servicios y suministros que deberían tramitarse mediante expediente de contratación pero que se siguen prestando sin él, como el mantenimiento de instalaciones, maquinaria y vehículos, o el suministro de combustibles. Además, alerta sobre contratos vencidos que continúan ejecutándose mediante una “prórroga tácita”, como ocurre con el servicio de ayuda en el hogar y la limpieza del mercado municipal.

El Concello dispone desde 2020 de una instrucción interna para controlar las compras, que este año cumple su quinto ejercicio de aplicación. Intervención reconoce su eficacia, pero lamenta que no se haya extendido a toda la contratación menor por las reticencias de responsables de distintos servicios municipales, y reclama reforzarla y aumentar el personal del departamento de contratación.

El informe atribuye parte del problema a la ausencia de una Relación de Postos de Traballo (RPT) y de una planificación real de las contrataciones, lo que, según Intervención, dificulta programar el gasto y facilita que necesidades permanentes se cubran mediante compras sucesivas en lugar de contratos únicos sometidos a concurrencia.

Ante este diagnóstico, Intervención reclama a la Alcaldía un plan de acción que incluya un reglamento de control interno, un calendario realista para la RPT, la redefinición de los procedimientos de contratación, el refuerzo del departamento de contratación y la creación de una unidad específica de gestión de subvenciones, área en la que el informe también detecta pagos directos irregulares al margen de la concurrencia competitiva.