Cangas abona medio millón en intereses por no pagar en plazo

El análisis de las cuentas de 2025, a través de las cuales se pueden conocer los movimientos económicos reales, tanto en ingresos como en gastos, del Concello de Cangas, desvelan datos inquietantes. Uno de los más demoledores es que el consistorio destinó durante el pasado año 506.006,71 euros de las arcas municipales al pago de intereses de demora. Es decir, por el “retraso en el pago de facturas a proveedores” definido con el término de “Xuros de demora”. Se trata de más de medio millón de euros que no se destinan a obras, servicios, mantenimiento o mejoras para los vecinos, sino a compensar económicamente a los proveedores por el abono tardío de sus facturas. No se especifica el motivo que ha llevado a este sobreesfuerzo económico, tan solo se especifica que de la totalidad, 360.753 corresponden al área de 'Administración xeral de vivenda e urbanismo" y los 145.253,57 restantes a abonar intereses de facturas relacionadas con el abastecimiento domiciliario de agua potable.

La cuantía adquiere especial relevancia porque los intereses de demora constituyen un coste añadido a la prestación de los propios servicios municipales. Es decir, el Concello no solo debe afrontar el importe de las facturas correspondientes a los servicios contratados, sino que, cuando los pagos se producen fuera de plazo, debe asumir además una penalización económica.

El capítulo de costes derivados de la gestión municipal no se limita a los intereses. La Intervención advierte también de que el Concello está soportando un sobrecoste de alrededor del 20% en sus facturas eléctricas debido a la falta de un contrato en vigor con la comercializadora Gas & Power. Así lo recoge el informe de omisión, en el que se señala esta situación como un perjuicio para las arcas públicas. En la práctica, el municipio estaría pagando más por un suministro básico para mantener en funcionamiento edificios, instalaciones y servicios municipales por no haber sacado a licitación el servicio ni buscar fórmulas para reducir el gasto energético. Pero este no es un caso aislado, también se advierte de que existen otras empresas que están facturando servicios pese a tener el contrato cadudado, lo que supone una “omisión total do procedemento legal”.

A esta factura económica se suman los gastos derivados de la conflictividad judicial. La Conta Xeral recoge 37.576,30 euros en obligaciones reconocidas por gastos jurídicos y contenciosos, de los que 22.845,87 euros corresponden a la partida de ‘Administración xeral de persoal’. La documentación fiscalizadora recoge asimismo el pago de una sanción de Augas de Galicia por la depuradora con informe que confirma su abono en septiembre.