Los alcaldes ven “intolerable” la “violencia” y señalan a PP y AV

Con gesto serio, los tres alcaldes de los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, arropados por parte de sus ediles (BNG-PSdeG-IU) se presentaron ante los medios de comunicación en la tarde de ayer con la intención de “condenar” la “violencia” que en la tarde-noche se vivió a las puertas del Concello cangués, especialmente tras la aprobación de la nueva ordenanza fiscal de recogida de los residuos en la comarca de O Morrazo, gestionada a través de la Mancomunidade.

La regidora de Cangas y presidenta del ente supramunicipal, Araceli Gestido, fue la encargada de abrir el turno de intervenciones. Calificó de “agresión intolerable” impropia de este tiempo, en alusión al conflicto de 1989 por la subida del IBI durante el mandato de Lois Pena, y reprochó el “comportamiento violento” de los vecinos en el interior y, sobre todo, en el exterior del edificio consistorial. “Se nos tiraron cosas, se nos insultó y durante el pleno no se pudo hablar correctamente”, expresó Gestido, convencida de que que “la idea era sabotear la asamblea”.

Visiblemente emocionada, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, aseguró que pese a llevar diez años en la alcaldía “nuna viví esto”. Su vehículo recibió una pedrada cuando se dirigía a su domicilio tras cuatro horas encerrada en las instalaciones municipales. “No pudimos salir porque las fuerzas de seguridad nos dijeron que no podían garantizar nuestra integridad física”, aclaró al tiempo que quiso poner “nombres y apellidos” a los “instigadores”. Señaló Santos al PP de O Morrazo, a Alternativa dos Veciños (AV) y al concelleir no adscrito de Bueu (en referencia a Daniel Chapela). “A estas tres patas hay que pasarle la factura de estos hechos”, sentenció la mandataria moañesa advirtiendo de que “no tengo miedo sino frustración por lo ocurrido”. “Que paren esta campaña ya”, exigió.

Félix Juncal, responsable del Concello de Bueu, se sumó a sus compañeras en la “condena a la violencia" y aseguró que “el tiempo permitirá ver el trabajo que se viene realizando”. “Se coartó poder explicar las propuestas de la Mancomunidade”, determinó pero anunció que la nueva ordenanza llegará a todos los hogares para que puedan ver “de forma detallada” en qué consiste la normativa aprobada este lunes.

“Si estamos aquí es porque el servicio requiere ser renovado”, insistió Juncal y para ello considera imprescindible actualizar la ordenanza que data de 2008. A esta subida del coste de la vida suman como motivo denominado “sablazo” el incremento del canon de Sogama. “Si Sogama baja, la tasa también bajará”, recalcaron desde los tres concellos de O Morrazo reconociendo al mismo tiempo que en este momento “la única opción realista para la Mancomunidade es Sogama”. En este sentido, retaron al PP a decir “cómo piensa financiar cada año el coste del servicio” y que lo haga “no con invenciones irreales”. “Es legalmente imposible”, afirmó Juncal.

La Mancomunidad ve “indefendible” e “injustificable” lo vivido y opta públicamente por no hacer autocrítica. “Estamos aquí para condenar decisiones ilegítimas”, respondió Araceli Gestido a la pregunta de este medio sobre si, una vez vivido el episodio del lunes, cambiarían alguna de las decisiones tomadas. La regidora tildó la pregunta de“tendenciosa”.

Denunciado por lanzar piedras y vecinos en el punto de mira por desórdenes

La Guardia Civil, que tuvo que sacar escoltada a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, hasta un vehículo de la Policía Local aparcado a pocos metros, ha abierto diligencias para depurar responsabilidades sobre los desórdenes que se produjeron durante las protestas de este lunes a las puertas del Concello de Cangas. De hecho, durante la jornada de ayer la Benemérita se personó en al menos dos establecimientos hosteleros del municipio para identificar a dos personas, la propietaria de uno de ellos y el cocinero de otro. “No sé si me llegará la denuncia, pero lo volvería a hacer”, reconocía Antía Boubeta pocas horas después de ofrecer voluntariamente todos sus datos personales a los agentes y reconocer que fue una de las que movió un contenedor para atrancar una de las puertas traseras del consistorio. Está convencida de que fue grabada por algún edil que permanecía encerrado dentro del consistorio.

También hay un joven denunciado de 34 años por lanzar una piedra al vehículo de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, cuando se dirigía a su domicilio ya entrada la madrugada y acompañada por su teniente de alcalde, Xosé Daniel Costas, como copiloto. La propia regidora reconocía que el golpe fue importante y que valorará denunciar una vez la Guardia Civil concluya la investigación.

Quien también pasó por urgencias y puso sus daños en conocimiento de las fuerzas de seguridad fue la edil de Bueu, Carmen García, que aseguró ayer que fue golpeada en el cuello con una piedra cuando salía protegida por los antidisturbios de la Guardia Civil para subirse al coche, aunque afortunadamente no sufrió daños graves. Según fuentes de la subdelegación del Gobierno se ha identificado a otras 10 personas que también serán denunciadas.

PP mantendrá la lucha y AV reivindica la democracia

Ante las acusaciones directas de la Mancomunidade a los partidos de la oposición de incitar a la violencia, tanto Alternativa dos Veciños (AV) como el PP han salido a defender el “derecho” de los ciudadanos a manifestar su malestar ante la subida de la basura.

Los tres grupos municipales del PP en la comarca del Morrazo anunciaron que emprenderá todas las acciones políticas y sociales que estén en su mano contra la “subida brutal” del tributo por la recogida de residuos urbanos y que defenderá a los vecinos “hasta las últimas consecuencias” para tratar de detener el asalto a sus bolsillos, especialmente gravoso en el caso de los comercios, negocios, pymes y autónomos.

Así, AV ha querido “rechazar cualquier intento de vincular a la formación con la organización, promoción e incitación de los disturbios” y advierte de que seguirá “defendiendo el derecho democrático y pacífico a manifestar su desacuerdo". Así, exigen a la Mancomunidad la “rectificación inmediata” de estas acusaciones. Ven “innecesarias” las restricciones de acceso al salón de plenos decretadas por la Presidencia de la Mancomunidade, considerando que, como ya se advirtió, esto pudo tensar más la situación.