La Xunta exige al Gobierno una actuación integral en el Miño

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó la proposición no de ley del Grupo Popular, que no contó con el apoyo de los diputados del BNG, en la que se solicita al Gobierno de España una serie de actuaciones para mejorar el estado en el tramo internacional del río Miño, como evaluar el cumplimiento del caudal ecológico, desarrollar un plan de lucha contra especies invasoras, promover el dragado sostenible y controlado, armonizar normativas y facilitar la gestión de la biomasa, actualizar el reglamento de navegación, reforzar la inspección de embarcaciones de pasajeros o proteger estructural y patrimonialmente las pesqueras.

El viceportavoz popular, Julio García Comesaña, explicó que esta iniciativa parlamentaria recoge demandas realizadas por alcaldes, vecinos, clubes deportivos, pescadores y empresarios turísticos “ante los problemas gravísimos que se cronificaron en el tramo internacional del río Miño por la desidia del Gobierno de España y la connivencia de sus socios. No podemos permitir que el Miño se convierta en un río ignorado por las administraciones, ni por su historia, ni por su riqueza ecológica, ni por lo que representa para la identidad gallega y para la cooperación entre pueblos hermanos como Galicia y el norte de Portugal”, manifestó.

En concreto, se refirió a la gestión irregular del caudal ecológico; a la proliferación de especies invasoras, que están desplazando la fauna y la flora autóctonas; la sedimentación del lecho fluvial, agravada por la prohibición absoluta del dragado; la falta de armonización normativa entre las dos márgenes del río; la obsolescencia del reglamento de navegación; el descontrol en el transporte fluvial de pasajeros; y la necesidad de preservar las tradicionales pesqueras.

Aseguró que “la Xunta ha cumplido con su parte, con inversiones reales, con la promoción del río como recurso turístico y ambiental, y con iniciativas para la conservación del ecosistema, pero sin una implicación del Gobierno”.

García Comesaña pidió que el Gobierno central “se siente a hablar con los alcaldes del territorio y que trate al Miño como lo que es: un patrimonio natural y cultural único, un activo para el desarrollo rural y un ejemplo de colaboración internacional. Estamos ante un problema que afecta a la calidad de vida de los vecinos y a la sostenibilidad ambiental del territorio”, apuntó.