La catástrofe de Paramos aún espera justicia cuatro años después

El 23 de mayo de 2018, la vida en Paramos, Tui, se paró. La explosión de un almacén pirotécnico acabó con la vida de un matrimonio, hizo volar por los aires treinta viviendas, causó daños a otras 345 y hubo un total de 691 perjudicados. En todo este tiempo, la lucha sin tregua de los afectados, unidos en asociación, ha conseguido la casi total reconstrucción de los inmuebles y sortear con muchas dificultades todos los trámites burocráticos y legales para ayudas y subvenciones.

Sin embargo, el camino para hacer justicia se hace largo y complejo. A día de hoy, la instrucción judicial para dirimir responsabilidades penales y civiles sigue abierta, ya que quedan afectados por personarse. De hecho, ese fue uno de los motivos por los que la Audiencia provincial admitió el recurso contra el auto de 2020 que daba por finalizada la instrucción sobre la explosión, ampliando la misma para que se procediera al ofrecimiento de acciones a los perjudicados. En ese momento, según recoge el fallo que data de abril del año pasado, quedaban 90 pendientes de personación y a día de hoy todavía se están personando.

Según explicaban fuentes jurídicas, “se trata de un asunto muy complejo por la cantidad de afectados”. El juzgado de Tui rechazó no obstante la pretensión de nuevas diligencias de investigación dirigidas a investigar las posible responsablidades por la supuesta negligencia de las administraciones implicadas en la inspección y control de la pirotecnia, a raíz de un informe pericial aportado a la causa por la Asociación de Afectados en el que se muestra sorpresa por no haber detectado las irregularidades existentes que habrían parado el desvío de material explosivo a depósitos clandestinos, lo que podría haber evitado o dificultado la explosión.

El juzgado dirige la imputación al dueño de la pirotecnia,por dos posibles delitos de homicidio imprudente y varios de lesiones imprudentes, riesgo catastrófico y daños imprudentes.

Subvenciones recurridas y un millón reclamado al Gobierno

El periplo judicial por las consecuencias de la explosión no acaba en la causa penal en manos del juzgado de Instrucción de Tui. Las subvenciones por los daños también han seguido esta vía en algunos casos, como ha ocurrido con cuatro afectados, que recurrieron al juez al estar disconformes con los importes reconocidos por el Concello. En dos de los casos, el Contencioso avaló una mayor cuantía, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estimó el recurso municipal considerando acreditados los parámetros aplicados. Asimismo, el Concello acudió a la Audiencia Nacional para reclamar al Gobierno un millón de euros en concepto de desescombro y desamiantado de la zona de la explosión, un recurso que todavía está pendiente de resolución. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias denegó el reintegro de dicha cantidad, que en convenio correspondía abonar al Ministerio de Interior, por haberse realizado las obras fuera del periodo de vía de urgencia