El Gobierno deberá pagar el desescombro de Paramos

El Ministerio del Interior deberá abonar la cantidad de 1.276.709,34 euros al Ayuntamiento de Tui en concepto de ayudas por las obras del desescombro y desamiantado del barrio de la Torre, en Paramos, tras la explosión registrada en mayo de 2018 al reventar una nave en cuyo interior se guardaba ilegalmente explosivos de la pirotecnia “La Gallega”. 

La sentencia llega seis años y medios después de la tragedia que conmocionó a toda la parroquia y al municipio tudenses y en la que perdieron la vida dos de los vecinos cuya vivienda se encontraba más cercana al lugar de la explosión y que se encontraban en aquel momento en la casa. Pese a la resolución de la Audiencia Nacional, aún queda la posibilidad de que sea presentado un recurso de casación por la Administración.

Así se recoge en la sentencia de la sección Quinta de la Audiencia Nacional que falló a favor del Ayuntamiento de Tui en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el consistorio. El Ayuntamiento de Tui, tras la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, había presentado dos solicitudes de ayudas ante el Ministerio. 

La primera en junio de 2018 solicitando una ayuda de 389.087,28 €, que había sido aprobada, y otra en marzo de 2019 por importe de 887.622.06 € que había sido denegada al considerar que no eran actuaciones “inaplazables”, decisión que fue recurrida por el Ayuntamiento, a quién ahora la Audiencia de la la razón. 

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, mostró hoy su satisfacción por esta sentencia que “nos dé la razón con esa reclamación de cerca de un millón de euros que hacíamos para que el Estado nos pagara los gastos que el Ayuntamiento en su día realizó para retirar los escombros del barrio de la Torre, en Paramos, producto de la explosión del almacén ilegal de material pirotécnico”.

La firma de un convenio que el Estado no cumplió

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, explicó sobre esta sentencia de la Audiencia Nacional que en su momento se había firmado un convenio con la Administración del Estado, “y el Estado a pesar de firmar ese convenio no cumplió con el pago” al considerar que esas actuaciones no habían sido urgentes”. 

Recordó en este sentido el regidor tudense que por unanimidad en sesión plenaria se acordó adjudicar por procedimiento de urgencia esas labores de desescombro que ascendieron a cerca de 1,5 € millones de euros, de los que el Estado había pagado cerca de 400 mil y restaban por pagar estos casi 900 mil euros”. Añade que “el Ayuntamiento acudió a la Audiencia Nacional y después de casi dos años de espera tenemos esta sentencia favorable”. 

Sin embargo, añadía con relación a la sentencia de la Audiencia Nacional que “hay que ser cautos por el momento porque contra la sentencia cabe la presentación recurso de casación”.