El pirotécnico de Paramos acepta 4 años de cárcel por la explosión mortal y pide perdón

Ocho años después de la explosión de un almacén pirotécnico ilegal en Paramos, Tui, que acabó con la vida de un matrimonio, causó decenas de heridos y cuantiosos daños, el responsable del almacén, Francisco González Lameiro, se sentó en el banquillo de los acusados en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. Lo hizo para reconocer los hechos y aceptar el acuerdo alcanzado con la Fiscalía que deja en cuatro años (frente a un total de 14) la pena de prisión por dos delitos de homicidio imprudente, 28 de lesiones por imprudencia y otros tres por dedicarse a la pirotecnia contraviniendo las normas de seguridad establecidas y poner en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente.

La vista permitió por primera vez escuchar al acusado, que, en gallego hizo uso de la última palabra para pedir perdón: “Siento mucho lo ocurrido, los daños causados, y pido perdón. Otra cosa no puedo hacer”.

Al reconocer los hechos, Francisco declinó responder a la pregunta que le quiso formular el letrado de una de las acusaciones, porque si bien la responsabilidad penal se dirimió al sellarse la conformidad, todavía queda por esclarecer quién se hará cargo de la responsabilidad civil derivada de la explosión.

En concreto, la discrepancia ahora se encuentra en si las indemnizaciones están o no cubiertas la responsabilidad por parte de Mapfre y si se sujeta al límite de la cantidad pactada con esta aseguradora contratada por el acusado, que era de un millón y medio de euros. Todas las demás aseguradoras se han mostrado conformes con las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal y no formularon oposición en cuanto a la responsabilidad penal.

La explosión supuso el fallecimiento de dos personas, un matrimonio que tenían dos hijos entonces menores. Otras 36 personas sufrieron menoscabos físicos como consecuencia de la explosión, y también hubo 430 titulares de viviendas afectadas y 76 propietarios de vehículos.

Durante la vista oral intervinieron el fiscal y los 25 abogados personados en la causa que tuvieron un tiempo tasado de 20 minutos para exponer sus argumentos, coincidentes a la hora de señalar que no había exclusión de ninguna actividad en la póliza suscrita por el acusado con Mapfre.

Sin embargo, el abogado de esta compañía, defendió que la causa de la explosión fue "una actividad particular ajena a la actividad mercantil" por lo que "había clandestinidad e intención de quedarse al margen de la ley, algo que le saca del contrato de seguro". Además, entiende este letrado, que quedan excluidos "los siniestros derivados de actuaciones no sujetas a la normativa".

El acusado disponía de hasta tres puntos de almacenamiento ilegal de elementos explosivos con la finalidad de eludir los controles administrativos preceptivos.

El procesado, que estuvo en prisión provisional entre el 29 de mayo de 2018 y el 11 de marzo de 2019, era propietario, administrador y representante legal de la pirotecnia La Gallega, que dirigía de forma exclusiva tanto en los aspectos técnicos como los relacionados con la actividad industrial.